EscucharEs el año 2022, casi una cuarta parte del siglo XXI pasó por los calendarios, así como ocho ministros, ocho informes sobre el estado de la educación, inversión creciente e indicadores en cuanto a calidad que año tras año muestran una caída, afirman y demuestran los diagnósticos.
Por ejemplo, de conformidad con datos del Departamento de Análisis Estadístico del MEP, tenemos en las aulas la misma cantidad de estudiantes que en el 2006, pero se invierte el triple en recursos humanos y desmejoran áreas clave como matemática, comprensión de lectura, idiomas y acceso a la tecnología.
La Política educativa hacia el siglo XXI, impulsada en el 2000 por Eduardo Doryan Garrón, ministro de Educación en la administración Figueres Olsen (1994-1998), que pretendía el cambio de paradigma en la gestión del MEP, indica: “Cada cuatro años se suscitan cambios en la política educativa del país, originados, primordialmente, en el desacato o desconocimiento del marco legal que los rige. Tales cambios, generalmente de naturaleza pendular y cortoplacista, contribuyen a erosionar la calidad de la educación y a confundir a los actores sociales del proceso educativo: profesionales de la educación, estudiantes, padres de familia y la comunidad, en cuanto a los fines y metas que se propone la escuela como institución comprometida con el desarrollo integral de los ciudadanos y del país”.
Más de 20 años después, la “naturaleza pendular y cortoplacista” sigue siendo el enorme problema en la educación pública, pero con una enorme diferencia en la inversión: de ¢1 millón anual por cada estudiante en 1996 a ¢1,6 millones en el 2022, revela el IV informe estado de la educación.
Con los cambios de gobierno y de partidos políticos, el MEP ha estado a la deriva: eliminación de las pruebas nacionales de sexto grado, noveno año y bachillerato, nuevos programas de estudio, fallidas pruebas FARO, huelgas, suspensión de clases presenciales por la pandemia, decrecientes resultados en pruebas internacionales PISA.
Por otro lado, intentos desarticulados para mejorar la calidad —como la construcción de nuevos colegios técnicos y académicos—, reducción del tamaño de los grupos, nuevos programas de estudio y una serie de inversiones han impactado el presupuesto del MEP, que este año es de ¢2,5 billones, de los cuales el 34% es para la educación superior, y del 66% restante, las tres cuartas partes se destinan a salarios de administrativos y docentes. Sin mencionar el efecto de la regla fiscal en los programas sociales.
Es notorio que el modelo de gestión administrativa del MEP, pensado para mediados del siglo anterior, no da para más. Tres viceministerios, quince altas direcciones con sus 66 departamentos en las oficinas centrales, 27 direcciones regionales con sus 207 circuitos, sistema de pago por lecciones, nombramientos de interinos y en propiedad, juntas administrativas... en fin, una estructura que debió renovarse hace más de dos décadas, pero que por cálculos políticos oportunistas y falta de valentía se mantiene y produce desigualdad, baja calidad educativa y pésimas condiciones para miles de estudiantes y educadores.
Una sola palabra define el sistema educativo público: insostenible. Desde lo pedagógico hasta la seguridad en las escuelas, desde lo tecnológico hasta la capacitación docente, desde el sistema de nombramientos y pagos hasta el bilingüismo.
Se mire por donde se mire, es urgente un alto en el camino y la toma de grandes decisiones que devuelvan la esperanza educativa a las actuales generaciones. No debemos ver incólumes como nuestro ejército se hunde a bordo de un enorme barco a la deriva.
El autor es educador.
