En diciembre del 2015, se presentó el VIII Informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, elaborado por la Universidad de Costa Rica y la Unicef. Los datos presentados, especialmente los referidos a los adolescentes, son particularmente preocupantes.
Los niños y los adolescentes son una población más vulnerable y con mayor frecuencia se enfrentan a condiciones de vida adversas en comparación con la población adulta; ejemplo de ello es que mientras el nivel de pobreza general en Costa Rica se ubica entre el 20 % y el 22 %, entre los menores de edad llega a casi el 33 % y sube a niveles que rondan el 50 % cuando se habla de niños y adolescentes en zonas rurales, costeras o marginales (35,10 % de ellos en condición de pobreza, 11,38 % en pobreza extrema, según la Encuesta de Hogares del 2014).
Como plantea el informe, esta situación es a todas luces vergonzosa e inaceptable desde el punto de vista de los derechos de los niños y los adolescentes, consagrados en la Convención de los Derechos del Niño; además, afecta a la sociedad en su conjunto, pues una proporción tan grande en pobreza tiene menores probabilidades de desarrollarse plenamente, lo cual hipoteca el futuro de toda la nación y limita sus posibilidades de desarrollo.
Culpa de políticas públicas. Como se menciona en el mismo informe, el premio nobel de economía Joseph Stiglitz destaca que esto ocurre porque: durante las últimas décadas se han adoptado políticas que han causado que la economía se torne salvajemente desigual, dejando a los segmentos más vulnerables de la sociedad cada vez más atrás. La creciente concentración de la riqueza y una reducción de impuestos sobre la riqueza se traducen en que se tenga menos dinero para invertir en educación y protección para niños. La desigualdad de ingresos se correlaciona con desigualdades en acceso a la salud y la educación, y mayor exposición a riesgos ambientales, todos las cuales agobian más a los niños.
Y continua Stiglitz: “Pero las políticas adecuadas, tales como redes de protección social fuertes, aplicación de impuestos progresivos y una mejor regulación del sector financiero, pueden revertir estas tendencias devastadoras. Podemos reducir las privaciones que se sufren durante la infancia y con ello aumentar la igualdad de oportunidades, lo que sentaría las bases para un futuro más justo y próspero. Del total del daño que inflige la desigualdad en nuestras economías y sociedades, el daño que causa a los niños debería ser el más preocupante”.
Si lo anterior se enmarca en que Costa Rica es uno de los países donde más se ha incrementado la desigualdad en los últimos años en América Latina, según el Informe Estado de la Nación del 2014, se puede esperar que sean los niños y adolescentes la población que sufra con mayor rudeza sus consecuencias, lo cual exige acciones decididas y vigorosas para cambiar este panorama ciertamente sombrío que se cierne con particular amenaza sobre esta población.
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Datos preocupantes. Algunos ejemplos de los preocupantes datos del informe son:
-La mayor mortalidad adolescente ocurre entre los 16 y los 17 años, principalmente por suicidio, homicidio, accidentes de tránsito y agresión, asociados a factores como violencia familiar, escolar y comunitaria (hay, además, un incremento mayor de estas causas en jóvenes de 20 a 25 años).
-Solo el 48 % de los adolescentes se gradúa del colegio debido a la exclusión escolar y la repitencia.
-De las personas en pobreza extrema, el 46,3 % son niños y adolescentes, en pobreza no extrema el 39,3% y en condición de vulnerabilidad el 21,7 %. A mayor pobreza aumenta la proporción de mujeres jefas de hogar.
-181.439 no estudian ni trabajan (ninis) y, por lo tanto, corren un mayor riesgo de ser reclutados por el narcotráfico y las redes de explotación sexual.
-El consumo de drogas representa un problema significativo asociado a una creciente violencia.
-El sobrepeso y la obesidad, con sus complicaciones, declarada epidemia mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se inician en los primeros años de la adolescencia.
-La actividad sexual comienza antes de los 18 años: el 67 % de los hombres y el 51 % de las mujeres (la población escolarizada no supera el 25 %. La escolarización es un factor protector del inicio temprano de la actividad sexual).
-Es necesaria una mayor inversión para generar espacios públicos de calidad para la cultura, el deporte y la recreación.
Si el análisis se extendiera, al menos a las edades de 20 a 25 años, probablemente la situación sea la misma o, probablemente, peor, dados los indicadores conocidos en problemas como suicidio, accidentes de tránsito, homicidios y otros como desempleo y acceso a la seguridad social.
Ante diagnósticos contundentes, ¿qué más debe pasar para actuar ya, con acciones políticas realistas, viables, concertadas y eficaces?
El autor es médico pediatra.