Versión de uno de los afectados por la quiebra de Aldesa

Una gran parte del desarrollo estaba en un área concesionada, lo cual implicaba el cumplimiento de obras e inversión. El proyecto se inscribió en la Bolsa Nacional de Valores como un fondo de desarrollo, lo cual significa que era un riesgo específico que no debía mezclarse con otros planes manejados por Aldesa.

Sin embargo, no fue así, y eso terminó dañando la operación. Adicionalmente, el prospecto de inversión que detalla el plan de desarrollo, las metas constructivas, los estados financieros, las ventas, etc., le daban al inversionista el derecho a receso si se producía un incumplimiento. En otras palabras, la devolución de los fondos invertidos.

En este sentido, la Sugeval, responsable de la supervisión del mercado de valores, incumplió con una de sus funciones básicas, es decir, obligar al fondo a devolver el dinero invertido a los participantes insatisfechos. Aparte de eso, si el prospecto se incumple durante varios períodos, la Sugeval tenía la potestad de desinscribir el fondo. Esto se hizo en forma tardía.

La figura convenio preventivo de acreedores (CPA) efectivamente lo que busca es una ejecución más eficaz de los recursos a través, básicamente, de la suspensión temporal de pagos de intereses y amortizaciones a acreedores de todo tipo, incluídos los inversionistas, para centrarse en la estructura operativa del negocio.

Entonces, si el verdadero propósito era salvar Monte del Barco, ¿para qué incluir a la holding Aldesa Corporación de Inversiones, que emitía bonos no regulados sin respaldo específico de proyectos?

De hecho, a lo largo de estos tres años, solo dos proyectos obtuvieron una recuperación parcial, gracias a la iniciativa de los inversionistas que estructuraron las propuestas de repago, el edificio y la recompra con descuento del crédito que financió la construcción de una bodega en la Zona Franca Coyol, con un peso muy pequeño dentro del total de los pasivos.

¿Qué se logró concretamente en Monte del Barco en tres años? Esta figura sirvió para seguir pagando los salarios a un personal que no consiguió ninguno de los objetivos propuestos inicialmente.

Lamentablemente, este desenlace era previsible. La incapacidad de Aldesa y su junta directiva para manejar un CPA era palpable desde las primeras negociaciones con los inversionistas. No es de recibo que aduzcan ahora que hicieron todo lo posible por cumplir con los acreedores.

Esperaré qué deciden los juzgados sobre las denuncias penales tanto para los responsables administrativos como para las autoridades encargadas de la supervisión del sistema bursátil.

rsanchezcantillano@gmail.com

El autor es exdirector de la Bolsa Nacional de Valores.