Escuchar
La señora Laura Chinchilla se ha manifestado en contra del actual proyecto de ley que busca la reforma de los artículos 75 y 194 de la Constitución Política; el primero, para eliminar la confesionalidad del Estado costarricense, y el segundo, para modificar el juramento constitucional que toda persona que aspire a ejercer un cargo público debe hacer.
Ella afirma que “la mención a Dios no atenta contra la libertad de culto ni discrimina entre credos religiosos”, pero yo le pregunto, doña Laura, ¿y los que no somos creyentes? Ese creciente porcentaje de la población que no tiene creencias religiosas, pero seguimos siendo ciudadanos con valores, moral y ética (aunque estos no se fundamenten en concepciones metafísicas), madres, padres, profesionales que también contribuimos con el Estado y la sociedad, ¿no tenemos también nosotros los mismos derechos solamente por ser una minoría?
Libertad de conciencia. ¿No es acaso un atentado contra la libertad de conciencia, derecho humano fundamental, el obligar a una persona a jurar por un ser o una creencia que no comparte?
Es por eso que la propuesta que hace el Movimiento por un Estado Laico en Costa Rica (MELCR) va encaminada a que el juramento se haga por las convicciones de cada persona, sean estas fundamentadas en un Dios, como ella y la mayoría católica de Costa Rica, o no.
Eso es la esencia de la libertad de conciencia, caso contrario a lo que ocurre hoy en nuestro país.
Nosotros también, doña Laura, exigimos nuestro derecho a invocar nuestras convicciones cuando asumimos la responsabilidad de un cargo público, y con esto no atentamos para nada contra las convicciones y creencias de la mayoría.
La propuesta no está tratando de eliminar la mención de Dios de la Constitución, eso es una afirmación absurda y sin sentido.
Se debe recordar que el MELCR está integrado también por iglesias cristianas como la Luterana e instituciones educativas en el área de la religión (UNA y Universidad Bíblica), así como de personas católicas que comprenden que la situación actual de confesionalidad no es la óptima, y quienes no tienen ningún interés en sacar a Dios o los valores religiosos de la vida costarricense; todo lo contrario.
Además, quienes irresponsablemente afirman que esta es la intención primaria de la propuesta, pasan por alto el hecho de que, al inicio del capítulo 1 de la Constitución, los diputados de la Asamblea Constituyente invocan el nombre de Dios y nada en la reforma propuesta busca cambiar esto, ni mucho menos menospreciar el papel que el cristianismo, en sus distintas denominaciones, ha tenido en la construcción de la sociedad costarricense.
Ese papel lo tiene asegurado en la historia; sin embargo, no justifica los privilegios de los que la Iglesia Católica, como institución, goza actualmente, a costa de todas y todos, compartamos su doctrina o no.
Diálogo nacional. Ciertamente, esta urgente reforma requiere un diálogo nacional, no solo de los distintos credos religiosos, sino de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes por igual, pero este diálogo debe ser responsable e informado, no basado en prejuicios personales y en la invisibilización de sectores, como los no creyentes, solo por el hecho de tener un pensamiento diferente, muchas veces satanizado y condenado injustamente con base en el desconocimiento y la manipulación deliberada de la información.
Y es así como está fundamentado el MELCR, que ha sido siempre un movimiento abierto a todo aquel que haya querido acercarse y aportar ideas para lograr la meta que todos, dentro de nuestras diferencias, tenemos en común: el establecimiento de un Estado laico que garantice un trato igualitario para todos.
