Al fin, México tiene oficialmente un Presidente electo. Felipe Calderón Hinojosa, abanderado del gubernamental Partido Acción Nacional (PAN), fue proclamado, el martes, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial, árbitro inapelable en la materia, para dirigir los destinos del país durante el sexenio que comenzará el 1° de diciembre. El fallo, unánime y bien razonado, ha puesto fin a un largo y complejo proceso institucional, producto del más estrecho resultado en la historia mexicana, que mantuvo en vilo a los ciudadanos desde los comicios del 2 de julio. Concluidas las etapas de reclamaciones administrativas y judiciales por parte del principal competidor, Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a partir de ahora todas las fuerzas políticas, sin renunciar a sus diferencias, deben arriar las banderas de la confronta-ción y elevar las de la construcción a favor de México, la adhesión a las instituciones y el respeto a los mecanismos de la democracia, única vía aceptable para la expresión de la voluntad popular.
Lamentablemente, López Obrador y sus partidarios están empecinados en lo contrario. Insisten en que hubo un fraude que no han logrado demostrar, rechazan el veredicto cuidadoso y fundamentado de las instancias competentes para emitirlo y, como corolario, se niegan a aceptar la legitimidad del Presidente electo. Se trata de una actitud peligrosamente intransigente, que ya se está volviendo en contra de sus propios ejecutores, ante el rechazo de una mayoría de la población, pero que también puede conducir a un grave período de ingobernabilidad y, más inquietante aún, de violencia. Es, además, un curso de acción contradictorio porque, a la vez que desconoce el veredicto de las urnas en aquello que no coincide con las caprichosas pretensiones del candidato derrotado, lo acepta en la elección de los candidatos del PRD en otros puestos clave, como los de alcalde de la ciudad de México y de diputados, senadores y gobernadores.
En medio de este panorama, los desafíos para el nuevo Presidente son enormes. De forma inmediata, Felipe Calderón deberá resolver el problema de la gobernabilidad, para lo cual deberá desarrollar una complicada mezcla de apertura, diálogo, negociación y firmeza, tanto con los dirigentes del PRD como con los de otras fuerzas políticas, en especial el Partido Revolucionario Institucional (PRI); debe ser, además, una apertura a la sociedad mexicana como un todo. Este es un requisito indispensable para la siguiente tarea, que se vincula a los desafíos más profundos que afronta México, en los ámbitos económicos, sociales y de arquitectura institucional.
Económicamente, no bastará con mantener la estabilidad lograda por el presidente Vicente Fox. Es necesario realizar reformas estructurales, orientadas a la ruptura de monopolios públicos y privados, una mayor flexibilidad laboral y un incremento de las inversiones públicas; solo así será posible un crecimiento más dinámico, que permita mejorar de manera estable las condiciones de vida de la población. Parte de esas inversiones deben ir a infraestructura física, pero también es indispensable cerrar las inmensas brechas en ámbitos clave como educación, salud y otros servicios básicos. También resulta urgente una reforma del sistema de justicia y de los órganos de seguridad, en un país afectado por la corrupción y con enormes zonas prácticamente controladas por el narcotráfico. Será necesario repensar un sistema político-institucional que fue creado en función de un partido dominante (el PRI, por 70 años), pero que no es suficientemente ágil y funcional para la pluralidad política, hoy manifestada en tres formaciones con pesos relativamente similares.
¿Logrará Calderón superar semejantes retos con éxito, sobre todo en un ambiente tan enrarecido y con un sector político en virtual rebelión? Es muy difícil saberlo. Hasta ahora, sin embargo, se ha conducido con gran propiedad, ha abierto la posibilidad de alianzas y concertaciones, y se ha rodeado de un equipo competente. Esto abre justificados ámbitos de esperanza. Esperamos que logren concretarse, no solo por el bien de México, sino también de la democracia y la estabilidad hemisféricas.
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