La coordinación de políticas

Su coordinación no es la adecuada. Mientras el Ejecutivo –con razón– hace una declaratoria de emergencia tributaria por la desesperada situación fiscal y formula un vehemente llamado a las fracciones legislativas para que aprueben, a la mayor brevedad, un conjunto provisional de nuevos tributos, el Banco Central reduce los encajes de los bancos comerciales –que son virtuales impuestos ya existente– y aumenta las tasas de interés para sostener una paridad cambiaria que se debió haber ajustado desde hace mucho tiempo. Todo esto eleva el déficit no solo del Gobierno Central, sino del sector público consolidado.

Parte del plan de impuestos que se ha barajado en la comisión mixta de la Asamblea Legislativa es un gravamen extraordinario y temporal sobre las utilidades de las empresas que, de por sí, ya pagan un tributo del 30 por ciento. El incremento solo se justifica por la apremiante situación fiscal, en la que todos estamos llamados a hacer una contribución adicional, especialmente las entidades con mayor capacidad de pago. Tal situación se refleja en una recaudación por impuestos que solo ha crecido un 12 por ciento, mientras los gastos, incluyendo intereses, han subido un 18,6 por ciento, porcentaje que duplica la inflación acumulada a la fecha. El déficit del Gobierno ha crecido este año un 48,2 por ciento en relación con el pasado. En estas condiciones llama la atención que el Banco Central decidiera rebajar los encajes a los bancos comerciales, lo cual les libera una cantidad muy importante de recursos previamente "esterilizados".

La decisión es muy controversial, no porque ese instrumento ortodoxo de la política monetaria (el encaje) deba ser utilizado de manera permanente, como en el pasado, sino por el inapropiado momento para efectuar la reducción. Tal y como afirma el Banco Central, los encajes son impuestos; o, por lo menos, actúan como tales, al igual que las tarifas excesivas que cobran las entidades descentralizadas para generar el superávit que el Gobierno les exige. Los encajes también afectan el margen de intermediación financiera y presionan las tasas de interés. Pero, en momentos apremiantes como este, en que el déficit consolidado del sector público ronda el 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) y el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos supera ese porcentaje, sí se justifica poner impuestos y tratar de controlar mejor el crédito, que ha crecido un 18 por ciento, para disminuir la creciente tendencia de aumentar las importaciones, que superan las exportaciones, mientras se estabiliza la situación y se aleja la sombra de una crisis.

Si la coyuntura monetaria y crediticia actual aconsejara una expansión de la liquidez, se justificaría la reducción de encajes. Pero no es así. Más bien, el Banco Central ha tenido que incrementar sus operaciones de mercado abierto mediante la venta de títulos para absorber la liquidez que se les devolvió a los bancos comerciales. Y eso le cuesta al Central, por el pago de intereses y porque aumenta sus pérdidas de operación, lo cual aumenta el déficit del sector público consolidado. Las pérdidas del Instituto Emisor también se han elevado por la colocación de títulos en moneda extranjera. Esas pérdidas se incrementaron en 11.631 millones en los primeros ocho meses de este año y ascienden a 40.994 millones. Si el Banco Central hubiera ajustado la devaluación más anticipadamente, tal y como recomendamos en su oportunidad, quizás no habría tenido que endeudarse adicionalmente en dólares ni haber aumentado tanto las tasas de interés pasivas, que afectan el déficit del Ministerio de Hacienda.

Pero las tasas de interés no solo dependen de los encajes o de las políticas de absorción del Gobierno y el Banco Central. También dependen de las reformas al Sistema Bancario y, en particular, de la situación de los bancos comerciales del Estado. Sobre este tema, la información oficial ha sido insuficiente. Hace algunos meses vino al país una misión conjunta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, a petición del Gobierno, para estudiar la situación del sistema financiero y algunas entidades estatales. El nuevo informe se completó, pero no se ha divulgado, a pesar de su interés público. La comisión de la Asamblea Legislativa que estudia las reformas bancarias tiene tanto el derecho como el deber de conocerlo, para evaluar la situación y formular las reformas legales más apropiadas. Esperamos que pronto se dé a conocer.