En marzo de 1987, durante la crisis generada por el VIH/sida en Costa Rica, el Consejo Social del Poder Ejecutivo recomendó establecer como obligatorio un examen para detectar anticuerpos contra el organismo causante de dicha infección entre funcionarios del Gobierno y estudiantes universitarios.
La polémica medida, aplaudida por unos y catalogada como una locura por otros, polarizó al país y evidenció que la sexualidad podía generar angustias sociales que, en circunstancias especiales, se materializaban en políticas estatales persecutorias y decisio-nes arbitrarias.
Aunque en Costa Rica la visibilización sistemática y la amplia discusión pública sobre la homosexualidad se dio principalmente a partir de la década de 1980, la historia de la relación entre los gobiernos y la sexualidad de las personas es bastante antigua.
Uno de los episodios más polémicos ocurrió durante los años más críticos de la Guerra Fría, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos se encargó de hacer listados para buscar y despedir a todas las personas homosexuales que trabajaran en el Gobierno, bajo el argumento de que la homosexualidad era una amenaza para la seguridad nacional, incluso más grave que el comunismo.
Declaraciones. El pasado 26 de febrero Francisco Prendas, candidato a la segunda vicepresidencia por el Partido Restauración Nacional (PRN), dio una serie de declaraciones en un programa radiofónico. Ante la pregunta de cómo se iban a manejar los nombramientos en el caso hipotético de que compitieran dos personas con los mismos atestados, y una de ellas fuera homosexual o atea, Prendas afirmó que en un eventual gobierno de ese partido se contrataría a quien fuera heterosexual y creyente.
El entrevistado buscó justificar su respuesta bajo la idea de que una persona de la población LGBTI (lesbiana, gay, bisexual, trans, intersexual), al no representar los “intereses y principios de la gran mayoría”, podría ofender, causar mucho “ruido” y generar división y agresión en el país. Un día después, Prendas ofreció disculpas por su comentario y manifestó que su intervención había sido desafortunada e imprecisa, y que no era su intensión ofender. Ese mismo día se planteó un recurso de amparo en su contra por la discriminación presente en sus afirmaciones.
Lejos de ser excepcionales, las declaraciones de Prendas son parte de un discurso que ha ganado fuerza en las últimas semanas. La defensa de puntos de vista que abiertamente discriminan a un sector de la población debido a su orientación sexual e identidad de género es una de las características que ha dominado el proceso electoral del 2018.
El inesperado músculo electoral del PRN ha incidido en que ese discurso encuentre legitimidad en algunos sectores de la ciudadanía. Según el Frente por los Derechos Igualitarios (FDI), en el mes de febrero se reportaron 29 casos de violencia en contra de la población LGBTI.
Mayoría. Aparte de contraponerse a lo establecido en la Constitución Política y en el Código de Trabajo, que prohíben todo tipo de discriminación, las declaraciones de Prendas llaman la atención porque justifican discriminar a la población LGBTI para no “lesionar los valores y los intereses de la mayoría costarricense”.
Más aún, Prendas considera que de no darse esa discriminación, los costarricenses que conforman esa “mayoría” podrían sentirse “hasta ofendidos”.
Tal explicación carece de todo fundamento porque no existe evidencia alguna de que la mayoría de los costarricenses se sientan lesionados u ofendidos porque la población LGBTI labore en el sector público.
Prendas. ¿Será acaso que Prendas interpreta como expresión del sentir de la mayoría de los costarricenses los actos de violencia cometidos contra personas de la población LGBTI en los últimos días?
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¿O será acaso que, al hacer esas declaraciones, Prendas invocó a esa “mayoría costarricense” para justificar el tipo de política pública que él desearía que se implementara contra la población LGTBI?
Al presentar a la población LGBTI como seres humanos que merecen ser discriminados, Prendas no solo se ha sumado a una larga tradición de persecución de esa población, sino que ha mostrado a la opinión pública cuáles son sus verdaderas prendas.
El autor es historiador.