Las encuestas de opinión pública lo demuestran: el nuevo Gobierno despierta esperanzas y optimismo entre los costarricenses, resulta mejor evaluado que el anterior, pero muchas personas, incluyendo empresarios, reclaman acciones oportunas y resultados concretos a corto plazo para poder mantener el optimismo. Ese es el principal reto de la nueva administración.
Según la encuesta trimestral de negocios realizada a petición de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), demuestra que el optimismo se encuentra en su nivel más alto (7,74) desde el 2004, cuando alcanzó apenas el 6,5 (teóricamente, el índice de 10 sería el más alto) y señala que el optimismo se perfila aún mayor para el próximo trimestre. Entre las razones cita el auge de las exportaciones y las mayores ventas internas. Pero advierte que los empresarios reclaman prontitud en la introducción de reformas específicas para poder mantener las expectativas de optimismo y esperanza.
Su reclamo -dimos a conocer el pasado viernes- no se circunscribe al Gobierno Central, sino también a los demás entes y poderes de la República, particularmente la Asamblea Legislativa por su morosidad en la tramitación y aprobación de proyectos importantes, como el tratado de Libre Comercio con EE. UU., Centroamérica y la República Dominicana (TLC), así como la denominada agenda paralela. También muestran preocupación por la (incierta) composición del paquete tributario, especialmente porque el sector privado es golpeado fuertemente por los elevados precios del petróleo, y los nuevos impuestos encarecerían aún más los precios de los bienes y servicios. A ello se suman, agregamos nosotros, ciertas demandas fuera de lugar de los jerarcas de la Iglesia Católica para que la discusión del TLC se lleve a cabo en las comunidades, en un proceso de nunca acabar. Sería, creemos, una intromisión indebida en temas técnicos y de procedimiento legislativo que deben quedar fuera de las esferas eclesiásticas. Y esto lo decimos con respeto, pero con preocupación por el impacto en la población costarricense si quedáramos -o nos dejaran- fuera del TLC.
Entre las cosas terrenales que sí conciernen al manejo de la cosa pública y merecen la atención inmediata de las autoridades están la necesidad de mejorar ciertos índices económicos y sociales (inflación, pobreza) y la posibilidad de que, por inacción, otros indicadores más favorables se deterioren y puedan implicar una reversión de la situación que el mismo Fondo Monetario Internacional elogió en su más reciente informe, como el crecimiento de la producción y el déficit consolidado del sector público. En particular, hay preocupación por que se recurra abiertamente al endeudamiento para financiar erogaciones y no se adopten medidas efectivas para controlar el gasto ni se planteen reformas en el sector público para enfrentar de manera definitiva el déficit fiscal. También hay preocupación por que se modifique la reforma fiscal y se aprueben ciertos proyectos de ley, como el TLC, para consolidar el rumbo de la economía. Y, precisamente en este contexto, la conclusión es clara: Hay confianza y aprobación del rumbo fijado por el nuevo Gobierno. Pero, sin acciones específicas ni resultados concretos, la confianza se podría deteriorar y convertir en mera desilusión.