Los prisioneros de conciencia han constituido un rasgo cruel y distintivo del universo totalitario. En la Alemania nazi y en la extinta URSS millones de seres humanos sufrieron vejámenes por propugnar libertad y una existencia digna para sus conciudadanos. Los imperios del terror de Hitler y Stalin son ya, dichosamente, una página oscura del pasado. Por desgracia, persisten hoy en el planeta resabios de aquella trágica historia. China, Norcorea y Cuba, en especial, siguen siendo cárceles del pensamiento donde el drama de los prisioneros políticos perdura como un desafío tras el fin de la Guerra Fría.
La reciente visita del Papa suscitó esperanzas de cambios positivos en Cuba. Sin duda, las oportunidades de orar en público y reunirse en jornadas espirituales, derivadas de la gira de Juan Pablo II, representaron un avance importante. También trascendió el compromiso de Fidel Castro de mejorar las condiciones para la labor pastoral y la acción social de la Iglesia Católica, severamente limitadas a lo largo de cuatro décadas de opresión marxista. Y, sobre todo, medió la petición del Vaticano, aceptada por Castro, de liberar a los prisioneros políticos.
El número exacto de prisioneros políticos no se ha precisado en Cuba. Ello es usual en regímenes ajenos a la preeminencia de las leyes y a los mecanismos judiciales inherentes a la democracia. Disidentes políticos, defensores de los derechos humanos y meros sospechosos de oponerse al sistema muchas veces son convictos por delitos comunes inexistentes. Organismos humanitarios han podido identificar y documentar 482 casos del total de 760 prisioneros de conciencia divulgado por el Gobierno.
La incertidumbre en torno a la cantidad real de estas víctimas de la opresión aumentó a raíz del decreto de amnistía dictado hace pocos días por el régimen como producto de las gestiones del Papa. El anuncio oficial benefició, según fuentes diplomáticas, a 224 personas de las cuales unas 115 ya fueron puestas en libertad en distintas localidades cubanas. Entre aquellos incluidos en el decreto aparecen, de acuerdo a entidades defensoras de los derechos humanos, no menos de 55 reos comunes. Diversas organizaciones procuran determinar la suerte de los liberados así como la situación del resto que aún permanece detenido en las 300 instituciones carcelarias de la isla.
Grupos de la disidencia cubana siguen con especial interés la definición oficial que aguardan alrededor de 70 prisioneros excluidos de la amnistía, quienes el régimen aduce cumplen condenas por delitos de "sangre, terrorismo y daños al país". También observan el curso del estudio que las autoridades realizan de 20 convictos a fin de decidir si están cubiertos por el decreto.
Nada de lo anterior apunta a una transformación fundamental del orden imperante. Las normas autoritarias perduran y, en particular, la praxis totalitaria continúa inmutable. En el fondo, la reducida amnistía es un pequeño gesto de Castro que no altera el contexto político. La actual sería una coyuntura propicia para las instancias interamericanas en favor de mayores libertades en Cuba, demandas que hasta la fecha no se han producido con la urgencia, claridad y vehemencia demandadas por las lamentables condiciones que sufre ese pueblo hermano.
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