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En cuanto al comercio, un asunto vital para nuestro bienestar, no hay ningún indicio de que en este Gobierno no prevalecerá la misma estrechez mental de las anteriores administraciones. Siendo así, ¿qué hacer?
Veo solo tres opciones. Una es acabar con los burdos engaños. Dado que comercio significa intercambio, vender y comprar, y Comex se opone a la buena compra, se le debe rebautizar con el nombre de Ministerio de Exportación, y prohibir, a cualquiera que ocupe dicha cartera, toda injerencia en el proceso de importación, que es donde se materializa la riqueza generada por el intercambio. Mejor aún, que sea una oficina privada la que promueva las exportaciones de sus afiliados, lo que implicaría cerrar el ministerio y pasar sus funciones a la Cámara de Exportadores.
Eso iría paralelo a la liberación de todos los demás productores (los no afiliados a la cámara) para intercambiar bienes y servicios con quienes quieran, y sin importar su ubicación geográfica.
Dos, acudir a la vía penal. Sabemos que las medidas comerciales preferidas por los políticos (véase mi artículo anterior, La Nación, 30/ 8/06) violan nuestros derechos básicos y crean pobreza. Sabemos cómo la crean y a quiénes afectan. Tenemos las herramientas necesarias para calcular el perjuicio en términos de desempleo, desnutrición, quebranto de salud y años de vida perdidos (decesos). Entonces, es cuestión de usar esos cálculos para acusar penalmente al Ministro y todos los involucrados en esos actos criminales. Si no se pudiera hacer en el país, por contubernio, se llevaría el caso a otras instancias.
Tres, no hacer nada. Dejar que ocurra lo inevitable: que Costa Rica se convierta en otra Colombia o El Salvador de la década de 1980. Entonces, no habrá auto blindado que salve a la legión de mercantilistas, fabricantes de miseria.
