Esta conducta es muy grave aquí, nos da muy mal nombre en el extranjero y es tan conocida por nuestros socios en el llamado "Consenso Washington de mercado global", que hemos llegado al colmo de hacer una ley especial para protegerles la propiedad intelectual, antes de corregir las leyes --o su interpretación-- que permiten violar la nuestra; pues esa propiedad intelectual no existiría de tratarla nuestros tribunales con el mismo desenfado que tratan las violaciones contra la propiedad de bienes inmuebles; especialmente la tierra, que ni siquiera son consideradas delito, y ante las cuales la actitud judicial es más "a la Robin Hood".
El robo de la propiedad no es la acción de un grupo de ladrones que "están en la calle", como se pretende, sino una simbiosis en la que participan los invasores y las autoridades, incluyendo a las paraestatales, como algunos colegios profesionales, que la cohonestan. La deshonestidad no se podrá corregir mientras permitamos a estos últimos exonerarse de responsabilidad.