En Costa Rica la gente confunde al Estado con el Gobierno y al Gobierno con el presidente de la República. Ese error debe corregirse. Se pueden entender y hacer bien las cosas, pero hay interés en diluir las responsabilidades con ese error.
El último medio siglo muestra que hasta los diputados se refieren al “Gobierno” cuando hablan del Poder Ejecutivo y generalmente con referencia al presidente de la República. El mismo Presidente dice que él ha sido llamado “a gobernar” y la gente y los medios esperan que el “Gobierno”, ya confundido con el Presidente y su gente, “gobierne” el país y arregle los problemas que sufre el Estado y, por su culpa, la sociedad.
Historia repetida. Pero el Presidente y su gente no “gobiernan” Costa Rica; no pueden, en consecuencia, arreglar sus problemas. Entonces la gente y los medios claman por soluciones al “Gobierno”, que creen que es el Presidente y su gente, y al cabo ni él ni su gente logran “gobernar” al país y todos quedan frustrados. Y esa historia se viene repitiendo…
Se ignora que el Gobierno de la República lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, conforme el artículo 9.º de la Constitución. Ninguno de los tres “gobierna”, sino que cada uno “cogobierna” en la parte que le corresponde. [Al Tribunal Supremo de Elecciones se le ha dado el rango de “Poder” ]. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias.
La Asamblea es el Poder con las más graves e importantes atribuciones: recibe del pueblo la facultad de legislar –solo ella–, lo que comporta dictar leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica. Le corresponde aprobar el presupuesto anual de la República que constituye el límite de acción de los Poderes Públicos, etc.
El Estado está esclerótico. Hay duplicación de entidades y tareas, despilfarro, ineficiencia, corrupción. En manos de la Asamblea está actuar con patriotismo poniendo freno y remedio a tantos males [purificándose primero de sus propios excesos, sobre todo de personal]. Para ello no debe sujetarse la Asamblea al Poder Ejecutivo, que a duras penas puede ejecutar las leyes y dar un mínimo de eficiencia y credibilidad a sus acciones.
La timidez de la Asamblea, su falta de decisión esperando todo de otra parte, solo logra mediatizar las esperanzas del pueblo que ha delegado en ella la potestad de legislar junto con otra gran cantidad de expedientes para resolver con mano firme y mirada clara los problemas de Estado. El Gobierno son tres Poderes y el fundamental y mayormente responsable de que el Estado marche bien es la Asamblea Legislativa.
En situaciones extremas se toman soluciones extremas. El país exige decisiones. No se gobierna un Estado con gastos de rico e ingresos de pobre, ni con el empleo del erario como si fuesen bienes de difunto; hay que ordenar la hacienda pública, acabar con el descuido de la infraestructura y con resultados de gestión que mejor ni mencionarlos. Escándalo mayor lo constituye que el dinero destinado a los más necesitados no llega a ellos como debiera. Todo eso no debe ser. La Asamblea debe remediar esos males haciendo lo procedente; saliéndose de las rutinas procesales en que está paralizada, actuando en nombre del pueblo que la apoyará con su fuerza si decide ordenar el Estado. Se gobierna para el bien del pueblo, no de las autoridades. Ya dijo el filósofo: sapientis est ordinare. Actúe sabiamente y ordenará el Estado. Si no, sobra la Asamblea.