La inacción para acabar con la extracción ilegal de oro en Crucitas es, lamentablemente, sospechosa. Ni este, ni gobiernos anteriores, ni diputados o el Poder Judicial han enfrentado los desastres que ocasionan desde hace más de una década los malvados mineros clandestinos.
Producto de esa permisividad, emergen las consecuencias en poblados como Crucitas, El Roble, Chamorro y Chorreras, del distrito de Cutris, y en Llano Grande y El Jocote, de Pocosol, donde la contaminación del agua con mercurio es hasta 65 mayor que la tolerable.
Ocho vecinos resultaron con altos niveles en la sangre, incluido un agricultor de 26 años, con 28 mcg/l, pero si la prueba se aplica a más, de seguro el diagnóstico sería general. ¿Cómo van a ser atendidos? No hay respuesta, y tampoco se investiga aún el impacto del cianuro en personas, fauna y flora.
Los decomisos son la punta del iceberg. En el 2019, la policía se incautó de tres toneladas de cianuro, pero solo el 5 de enero del 2023 cayó un camión con ocho toneladas en Upala, lo cual da una idea del creciente tráfico ilegal y el tamaño del desastre ambiental.
¿De dónde sale tanto mercurio y cianuro? Es un misterio que ninguno de los cuerpos policiales consigue aclarar, pese a los costarricenses capturados infraganti, las casas utilizadas como bodegas y muchos vehículos detenidos. De hecho, se exponen a condenas de hasta 15 años de prisión, pero ¿cuántos sancionados? Es más, cientos de coligalleros son detenidos por infracción al Código de Minería, ¿y qué pasó?
La ausencia de prevención y represión es una realidad. Los cuerpos policiales son incapaces y el Ministerio Público, también. Crucitas es inspeccionado por presidentes de la República, diputados y magistrados, y todo queda en el discurso y el papel. Tanto es así que en el 2021 la Sala IV ordenó al gobierno un plan para contener la contaminación y, entre las administraciones de Carlos Alvarado y Rodrigo Chaves, patearon la bola como en un partido de fútbol.
Esta tragedia estaba más que anunciada, pero se ignora sospechosamente, al punto que todos se lavan las manos y no hay una sola respuesta eficaz de ningún poder del Estado.
amayorga@nacion.com
El autor es jefe de Redacción de La Nación.
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