EscucharLa captura de una mujer y de un hombre, junto con diversas pruebas y testimonios de vecinos, sobre el funcionamiento de una red de proxenetas en San José, constituye uno de los logros más significativos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía de Delitos Sexuales del Ministerio Público en esta materia. Esos proxenetas promovían la prostitución de mujeres tanto mayores como menores de edad, a $150 por aquellas y a $300 por estas.
Esas dos entidades públicas han cumplido con su deber y le han brindado un servicio singular al país por el hecho en sí, desde el punto de vista legal y moral, y porque, desde hace mucho tiempo, nos preguntábamos, tal como lo reiteramos en forma editorial, por qué, siendo tan profusa la publicidad, nacional e internacional sobre el comercio sexual en nuestro país, no aparecía ningún “pez gordo”.
Ahora, con esta información, se desmiente lo dicho por las autoridades de la administración pasada, cuando, frente a las informaciones de una cadena de televisión española y de la prensa nacional –sobre las actividades de la misma proxeneta capturada anteayer–, manifestaron que se trataba de un “refrito” contra la imagen del país y que no había pruebas. Asimismo, Casa Alianza había formulado denuncias parecidas contra esta persona desde 1999. ¿Por qué, sabedoras las autoridades de tales denuncias contra esa detenida, no actuaron de inmediato o no llevaron a cabo un operativo como el realizado ahora por las entidades citadas? Debe tenerse en cuenta, además, que diversos intentos anteriores del OIJ resultaron infructuosos por cuanto alguien ponía alerta a la principal sospechosa. Esta actitud pasiva, en un campo tan sensible, no tiene explicación.
A lo dicho agregamos algunos datos relevantes. La persona ahora encarcelada, de apellidos Monge Muñoz, se jactaba públicamente de su poder y de ser “intocable”, lo que le permitió dedicarse a su vil negocio durante 11 años.
Si durante tanto tiempo pudo montar esta red y trabajar impunemente, y si proclamaba abiertamente el disfrute de una especie de privanza o prerrogativa de inmunidad, era porque gozaba de la protección que le brindaban algunos de sus clientes y porque estos necesa-riamente tenían que poseer algún poder particular, de orden social, económico o político. Además, los testimonios de varios vecinos, satisfechos por la acción policíaca, ratifican este valimiento pues a la casa de la proxeneta llegaban “personas importantes”. Ayer informamos también de que nuestras autoridades, además de decomisar armas y chalecos antibalas en la casa de Monge Muñoz, analizan cuidadosamente una serie de fotografías de mujeres, algunas menores de edad, así como videos, documentos y números telefónicos que comprometen a una serie de personas.
Confiamos en que, además de mantenerse una reserva radical para evitar los rumores y resguardar la honra de personas inocentes, expuestas a la maledicencia, al mismo tiempo se proceda con rigor en la investigación y con voluntad de saneamiento y de justicia, sin importar posiciones ni conexiones.
Decimos esto no solo por un elemental sentido de justicia, sino porque, si hay un bien que una sociedad debe proteger hasta sus últimas consecuencias, es la dignidad de los menores de edad. La corrupción de menores, cualquiera sea su modalidad, merece el repudio general y exige las más severas sanciones contra proxenetas, cómplices, encubridores y clientes probados. Y que este sea el principio de acciones igualmente enérgicas y eficaces contra otras redes, capos, personajes y madrigueras.
