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En Costa Rica, 137.000 familias viven en viviendas en muy mal estado, la mayoría de las cuales requieren una renovación total. Estas casas presentan un alto grado de deterioro, son inseguras y ponen en riesgo la vida de quienes las habitan. El problema presenta una tendencia al alza. Aunque en 2020 la cantidad de viviendas dañadas había disminuido a 134.000, desde entonces volvió a aumentar en 3.000 unidades.
Los datos los revela el estudio Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2023, desarrollado por la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y la fundación Gestionando Hábitat ORG. El diagnóstico procura ser base para la planificación de estrategias.
Las 137.000 viviendas que requieren total renovación equivalen al 7,7% de las 1.790.000 que hay en el país. Además, se cuantificaron 610.000 en estado regular (34% del total), las cuales presentan problemas en al menos uno de los tres componentes básicos: techo, paredes o piso. El informe aclara que no necesariamente cada hogar es el propietario de la residencia en la que vive, debido a que la vivienda puede ser también alquilada o prestada.
A nivel nacional, se estima que hay 1.020.000 viviendas (57%) en buen estado y sin problemas de hacinamiento, una cifra que ha mostrado un incremento en los últimos años.
¿Cuál es el déficit habitacional? Los investigadores llegan a la conclusión de que se requieren 150.000 viviendas nuevas para que cada hogar cuente con su propia residencia. Contempla, dentro de ese número, las 137.000 familias que viven en casas en mal estado, más otras 12.000.
El estudio determinó que 17.000 familias (1% del total) viven en hacinamiento; de estas, 11.000 en casas en estado regular y 6.000 en viviendas clasificadas como en buen estado. El hacinamiento ocurre cuando en una vivienda residen más personas de las que pueden ser acomodadas adecuadamente en los dormitorios disponibles, lo que limita el espacio para vivir de manera confortable. De acuerdo con la definición oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se considera que existe hacinamiento cuando, en promedio, más de tres personas comparten un mismo dormitorio.
La mayoría de las casas en mal estado se concentran en la región central del país, donde reside casi dos terceras partes de la población. En esta zona, que incluye los cantones urbanos de San José, Alajuela, Cartago y Heredia, se encuentra el 43% de las viviendas que necesitan una renovación completa.
Las regiones Brunca (zona sur) y Huetar Caribe (Limón) concentran el 14% y el 15% de estas viviendas, respectivamente, mientras que la Región Huetar Norte (zona norte) registra un 11%. Por su parte, las regiones del Pacífico Central y Chorotega (Guanacaste) agrupan el 8% y el 10%, lo cual podría estar relacionado con su menor densidad poblacional.
La evaluación de las viviendas en mal estado considera el estado físico de las estructuras, su seguridad, la protección frente a condiciones climáticas adversas y el acceso a servicios esenciales como agua potable y electricidad, entre otros aspectos.
Entre el 2020 al 2023 se registró un crecimiento de 100.000 viviendas. Sin embargo, el aumento de casas nuevas y en buen estado no quiere decir que estén habitadas, ya que entre las nuevas construcciones se encuentran viviendas vacacionales o proyectos residenciales no habitados. Estas propiedades no abordan la necesidad de vivienda para los hogares de bajos ingresos que, en su mayoría, habitan en viviendas en mal estado.
“Los aspectos señalados evidencian que el problema del déficit habitacional, como un problema en la calidad de la vivienda, obedece a aspectos más amplios y complejos que solo el estado físico de las edificaciones y, en ese sentido, es importante hacer un acercamiento a un cálculo más detallado sobre las condiciones de habitabilidad de la población en general, incorporando otras variables como accesibilidad, ubicación, asequibilidad, adecuación cultural y ambiental, entre otros”, agrega el estudio.
Agrega que, si bien a nivel nacional se han creado instituciones enfocadas en el desarrollo de vivienda, estas no han logrado erradicar los problemas, los cuales siguen persistiendo. Asimismo, el documento recomienda a las autoridades locales y nacionales tomar las cifras como insumo para la definición de políticas que permitan afrontar la problemática.
La investigación también aborda el problema de los bonos de vivienda social. En el periodo del 2017 al 2021 se entregaron en promedio 11.952 por año, pero en los años 2022 y 2023 el promedio descendió a 8.296. Se trata de una reducción de más de 3.500 bonos por año (2022 y 2023) respecto al promedio del quinquenio anterior, “lo que se traduce en más de 7.000 familias que han perdido la posibilidad de acceder a una vivienda adecuada”, dice el reporte.
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‘Preocupante déficit de vivienda’
Randall Murillo Astúa, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), reconoció la preocupación que existe en el sector debido a la carencia de soluciones que incentiven el acceso a la vivienda. Al respecto explicó que, desde la pandemia, han evidenciado una reducción de los recursos del sistema financiero nacional para la vivienda, pasando de ¢125.500 millones de presupuesto en 2019 a ¢108.400 millones en 2023.
Según el director de la CCC, el efecto acumulado de los recortes al presupuesto del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), entre el 2020 y el 2023, equivalen a 6.815 viviendas dejadas de construir por falta de recursos.
“Resulta preocupante la situación del déficit de vivienda en el país. Es importante que las autoridades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil coordinemos para poder dar soluciones a esta problemática que aqueja a tantas familias. Parte del motivo por el cual esta situación no ha logrado revertirse es porque la inversión pública en vivienda en los últimos años ha sido reducida, y aunque ha mostrado signos de recuperación, todavía no se han alcanzado los números de colocación de bonos de vivienda que se tenían previo a la pandemia”, afirmó Murillo.
Ángela Mata Montero, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y presidenta del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), afirmó que actualmente existen diferentes alternativas para que las personas puedan acceder a programas para el mantenimiento y reparación de viviendas. Entre las estrategias está el CREDINVU, un programa del INVU que ofrece financiamiento para personas asalariadas y no asalariadas que demuestren capacidad de pago.
Agregó que también el Banhvi ofrece la figura de Bono RAMT (reparación, ampliación, mejora y terminación), la cual está disponible para las familias que cumplan con los requisitos solicitados por la entidad financiera. Asimismo, la ministra indicó que para este 2025 la inversión en vivienda será un monto de ¢150.000 millones.
