EscucharLa Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) destinaba ¢20 millones mensuales para cubrir los salarios de los seis asesores de confianza y el chofer de Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la institución. Tres de estos funcionarios aún se desempeñan en sus puestos, pese a que un juez penal suspendió a la jerarca por seis meses debido al Caso Barrenador. Los restantes nombramientos ya concluyeron, entre ellos el de Joselyn Chacón Madrigal, la exministra de Salud, quien devengaba casi ¢3 millones.
El sueldo más alto de todo el equipo asesor lo recibe Ana Laura Ávila Bolaños, quien se desempeña como jefa de despacho de Esquivel. La CCSS le gira mensualmente ¢4.185.571. Su nombramiento concluye el 8 de mayo del 2026, fecha en la que finaliza la administración actual, del presidente Rodrigo Chaves Robles.
Los otros dos funcionarios que permanecen en estos puestos de confianza son la asesora Angeline Badilla Berrocal, cuyo salario es de ¢2.992.597, y el chofer Guillermo Álvarez Guasch, con una remuneración ¢996.055.
Los otros cuatro asesores, cuyos nombramientos acaban de vencer este mes, ganaban ¢2.992.597. Se trata de la exministra Joselyn Chacón, Andrea Alvarado Vega, Ana Patricia Franceschi Rey y Eugenia Guevara Chaves.
Esta información fue comunicada por Walter Campos Paniagua, jefe de la Dirección de Administración y Gestión de Personal de la CCSS, a raíz de una consulta de la diputada Andrea Álvarez Marín, del Partido Liberación Nacional (PLN). El sueldo reportado de Esquivel es de ¢5.488.764.
En total, la CCSS aún debe dedicar ¢8.174.224 al mes para pagar el sueldo de los tres funcionarios que están bajo las órdenes directas de Marta Esquivel. La jerarca fue suspendida el pasado 10 de octubre, por orden del Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública.
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Esquivel no puede renovar nombramientos
El jefe de Administración y Personal de la CCSS explicó que los nombramientos de los puestos de confianza, correspondientes a la Presidencia Ejecutiva, son responsabilidad de quien ejerza ese cargo. Aclaró que por encontrarse suspendida, Esquivel no puede renovar los otros cuatro nombramientos que concluyeron a inicios y mediados del mes de noviembre.
“Según los alcances de la suspensión producto de la medida cautelar comunicada por la instancia judicial a la Institución, la señora presidenta ejecutiva no puede realizar actuaciones propias del ámbito de competencias de dicho cargo, mientras esta medida continúe vigente”, aclaró Walter Campos el 12 de noviembre en un oficio dirigido a la diputada Andrea Álvarez (GA-DAGP-1966-2024).
El presidente Rodrigo Chaves no ha aclarado si nombrará un reemplazo, para que la Junta Directiva de la institución de seguridad social pueda salir de la paralización actual en la que se encuentra.
El mandatario señaló, el pasado 6 de noviembre, que aún está pendiente que la Sala Constitucional resuerva un recurso de habeas corpus interpuesto por Esquivel, por la situación judicial que enfrenta con el Caso Barrenador.
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La inhabilitación de Marta Esquivel forma parte de las medidas cautelares que un juez penal dictó contra Esquivel y otros cuatro altos jerarcas de la CCSS, investigados por un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en la adjudicación de contratos para la administración de 138 Ebáis.
Además de Esquivel, la medida cautelar cubre a la gerenta general interina de la CCSS, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, así como a los directivos Isabel Camareno Camareno (representante del gobierno), Zeirith Rojas Cerna (representante patronal) y Johnny Gómez Pana (representante patronal).
La suspensión conlleva la suspensión del salario de Esquivel. El diputado Daniel Vargas, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), aseguró este martes, en la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga las presuntas irregularidades de la CCSS, que la medida se aplicó desde el pasado 24 de octubre, según un oficio de la Dirección de Administración y Gestión de Personal.
Si bien se solicitó al vocero de gobierno una copia de la nota, su encargado de prensa dijo que el oficio tenía que ser solicitado directamente a la CCSS. Se está a la espera de que la institución remita el documento.
El 17 de octubre, un oficio firmado por Andrey Quesada Azucena, subdirector jurídico de la CCSS, y otros dos abogados, determinó que existe jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre este tipo de casos, la cual establece que cuando los trabajadores son puestos en prisión preventiva o son suspendidos de sus cargos por orden judicial, no procede remunerarlos porque pesa sobre ellos una “imposibilidad de asistir al trabajo”.
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