El Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) presenta errores de digitación que provocan inconsistencias en la información sobre los montos de los contratos registrados en dicha plataforma, según revela un reciente informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República.
La entidad fiscalizadora señaló que estas diferencias en la información del Sicop obedecen a equivocaciones cometidas por las instituticiones a la hora de ingresar los datos de sus compras al sistema.
A modo de ejemplo, se encontró una diferencia de ¢6 billones en un contrato del Banco Central de Costa Rica (BCCR). El Sicop indicaba que una contratación era de ¢6,4 billones, cuando el monto correcto fijado por la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda era de ¢647 millones.
Por otro lado, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú registró un procedimiento por ¢313.300 millones, pero el monto correcto era de ¢300 millones.
La Municipalidad de Nicoya reportó una contratación por ¢160.600 millones, aunque el costo era ¢160 millones.
En su informe, publicado el pasado 28 de octubre, la Contraloría señala que la Dirección de Contratación Pública, órgano del Ministerio de Hacienda responsable del Sicop, presenta deficiencias en el control y corrección de los datos colgados por las instituciones en el sistema.
La auditoría detectó errores en la información incluida en la plataforma sobre otros once contratos, los cuales generaron diferencias por un total de ¢16.000 millones respecto a los costos reales.
El Sistema Integrado de Compras Públicas es la plataforma tecnológica que permite a las proveedurías del Estado realizar las operaciones de compra y venta de productos y servicios en forma electrónica. La información es subida por las instituciones y administrada por Hacienda.
La auditoría de la Contraloría, que abarcó el período comprendido entre enero del 2023 y agosto del 2024, tenía como objetivo evaluar la conformidad de la gestión del Sicop con el marco regulatorio establecido en la Ley General de Contratación Pública.
Dicha normativa estipula que toda la información relacionada con la contratación debe ser gestionada a través de un sistema digital unificado, garantizando que los datos sean ciertos, precisos, oportunos, claros y accesibles para todos los usuarios.
Información no es fiable
El informe de la Contraloría destacó que, al momento de la auditoría existían de 50.128 líneas de subpartidas presupuestarias sin valores asignados, lo que equivale a 10.310 procedimientos. Sobre estos casos, el 86% provienen de cinco instituciones específicas. En el Sicop un procedimiento puede contener varias líneas, de ahí que pueden haber procedimientos con subpartidas en blanco.
La Contraloría detectó que el sistema permite la introducción de cualquier valor en el campo de subpartida presupuestaria, lo que genera inconsistencias y errores en los datos.
Otro punto señalado por la Contraloría es que la Dirección de Contratación no ha definido ni documentado cuáles datos deben considerarse obligatorios o críticos para asegurar la calidad y transparencia del proceso de contratación. Como resultado, la auditoría encontró 1.227 procedimientos sin la información necesaria para la toma de decisiones iniciales.
“La disponibilidad de información sensible de forma pública también ha facilitado la realización de estafas a los participantes del sistema”, advirtió el ente contralor.
Asimismo, el informe halló 4.711 solicitudes de aclaración al cartel que se encuentran en estado de “sin tramitar” o “en trámite” entre los años 2019 y 2023. De acuerdo con la CGR, este retraso en la gestión de aclaraciones también puede afectar la transparencia y la confianza de los participantes en el sistema de contratación.
Limitaciones en acceso a datos públicos
El informe destaca las limitaciones en el acceso a datos públicos, lo que obstaculiza la disponibilidad y transparencia de la información. Se identificaron 10.843 procedimientos que carecen de información sobre la finalidad de la contratación, impidiendo que la ciudadanía conozca el uso de los recursos.
Además, a pesar de que el expediente de contratación es electrónico, el Ministerio de Hacienda no garantiza que todos los documentos adjuntos estén debidamente numerados y ordenados cronológicamente.
El sistema también presenta limitaciones significativas que obstaculizan la descarga de documentos y no facilitan la corrección de errores materiales durante el ciclo de contratación. Para la Contraloría, estos inconvenientes afectan la transparencia y la confianza de los ciudadanos en el sistema de contratación pública.
“Si bien la Ley General de Contratación Pública indica que la información tiene que ser de fácil acceso y con formato de datos abiertos, disponible para quién la requiera sin mediar el proveedor del servicio o la DCoP, los datos no son accesibles, inclusive la DCoP tiene que realizar la solicitud de información al proveedor. Existe un sitio web denominado Observatorio de Compras Públicas; no obstante, no contiene toda la información del SICOP y no se actualiza de conformidad con la estructura del sistema de forma permanente”, manifestó la CGR.
Asimismo, el informe destaca falencias en la gestión de usuarios del sistema, revelando que hay 355 usuarios activos registrados como personas fallecidas y otros miles que no han accedido al sistema desde 2022. De acuerdo con la auditoría, esta falta de actualización en el registro de usuarios sugiere una ineficiencia en la administración del Sicop, lo que podría comprometer aún más la confianza pública en el sistema.
La Contraloría recomendó al ministerio de Hacienda la adopción de medidas inmediatas para resolver estas deficiencias y mejorar tanto la calidad como la seguridad de la información del Sicop.