EscucharLuego de un amplio debate, los diputados de la comisión de Asuntos Económicos dictaminaron afirmativamente un proyecto de ley que pretende regular las plataformas tecnológicas de transporte, como Uber y DiDi, estableciendo que se trata de un servicio privado colaborativo, en lugar de público, como se consignaba en otro plan previo, impulsado por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa, la cual es impulsada por el Partido Liberal Progresista (PLP), contó el pasado miércoles con cinco votos a favor y tres en contra, y con el compromiso de quienes la avalaron de realizar una serie de mejoras al texto en la etapa de revisión.
Sobre la mesa quedan temas pendientes, como aclarar que el servicio será únicamente para vehículos de cinco personas (incluido el conductor) y que no utilizarán infraestructura de autobuses, como bahías o paradas. También falta abordar la relación laboral entre las plataformas y los conductores, un punto enfatizado por el Frente Amplio (FA).
A favor votaron María Marta Caballo y Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Gilberto Campos, del PLP; Olga Morera, del Partido Nueva República (PNR); y Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN).
En contra se pronunciaron Sofía Guillén, del FA; Katherine Brown, del PLN; y Manuel Morales, del oficialista Progreso Social Democrático (PPSD).
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Diferencias entre las dos iniciativas
El proyecto para regular plataformas de transporte como Uber y DiDi, presentado por el diputado Campos, se diferencia del propuesto por el gobierno, que fue dictaminado en marzo. El último define el servicio de plataformas de interés económico general, haciendo que los taxis dejen de ser considerados servicios públicos. Eso, según la justificación del proyecto, permitiría una competencia equitativa.
Además, permite la negociación de precios entre choferes y clientes, así como el uso de taxímetros. También establece sanciones por faltas, pagos anuales al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y la vigencia de permisos para plataformas y vehículos, por mencionar algunos aspectos.
Por otro lado, el plan de Campos contiene menos regulaciones, sin exigir pagos al Estado por inscripción, y considera las relaciones entre transportistas y consumidores como privadas, regidas por el derecho civil.
Aclara de igual forma, que la relación entre conductores y empresas no es laboral y fomenta la libre competencia, sin limitar el número de vehículos o choferes.
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Los conductores, de acuerdo con la iniciativa, estarían facultados para ofrecer su servicio libremente y los taxis para crear y usar plataformas tecnológicas. Incluso, se detalla que para los taxistas concesionados, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) establecerá tarifas máximas por kilómetro, permitiendo acuerdos de precios más bajos a través de plataformas.
Ambos proyectos exigen a los conductores inscribirse ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y pagar una póliza de seguro, que incluya daños a terceros. Asimismo, deben pagar los impuestos de renta y valor agregado (IVA),
También se prevén disposiciones fiscales para las empresas, que deben aceptar moneda de curso legal y cumplir con obligaciones fiscales.
Puntos en debate
Sofía Guillén, del Frente Amplio, abogó por la inclusión de la relación laboral en el proyecto para proteger los derechos de los conductores, mientras que Katherine Moreira, del PLN, advirtió sobre el riesgo de competencia desleal y falta de regulación.
Monserrat Ruiz, compañera de bancada de Moreira, solicitó llevar el texto al plenario para abordar temas de productividad y derechos laborales.
Vanessa Castro, del PUSC, por su parte, apoyó el proyecto, prometiendo ajustes en el plenario, y Campos anticipó la aprobación de un nuevo texto en la etapa de ajustes.
