EscucharUn proyecto que permitiría la participación del sector privado en la instalación de centros de recarga para vehículos eléctricos recibió, este martes, dictamen afirmativo de mayoría en la comisión legislativa de Ambiente.
En la actualidad, solo las distribuidoras eléctricas están facultadas para construir y operar estas estaciones de asistencia. No obstante, la red es insuficiente para atender la demanda de la creciente flotilla de este tipo de unidades, en especial en áreas remotas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Con seis votos a favor y dos en contra, la comisión aprobó una iniciativa del Partido Liberal Progresista (PLP) para reformar los artículos 31 y 32 de la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, con el fin de permitir a cualquier persona física o jurídica, pública o privada, la construcción y operación de electrolineras.
Kattia Cambronero, diputada del PLP y proponente del proyecto, destacó que las empresas interesadas en ofrecer el servicio deberán comprarles electricidad a las distribuidoras. “Es una gran necesidad por el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos”, aseveró.
Según el texto, la intención es establecer una red básica de puntos de apoyo en todo el país. Los propietarios de los centros deberán garantizar la confiabilidad y seguridad de sus equipos, asumiendo la responsabilidad por el servicio y posibles daños a clientes y a la red eléctrica de la distribuidora.
Las estaciones de recarga estarán ubicadas cada 80 kilómetros, y en caminos cantonales se deberá construir al menos una cada 120 kilómetros, como lo establece actualmente la legislación, aunque estas distancias podrán ajustarse según lo determine el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
El artículo 32 actual de la ley estipula que solo las distribuidoras con concesión de servicio público podrán vender electricidad en los centros de recarga, permitiendo alianzas con estaciones de combustibles.
La reforma clasifica el servicio de recarga como de interés general, y señala que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) establecerá obligaciones específicas, incluyendo principios de acceso universal, precios justos y sostenibilidad.
Asimismo, la Aresep definirá las tarifas que las distribuidoras cobrarán a los operadores de centros de recarga, garantizando rentabilidad y compensación justa. También se propone un canon del 0,05% del precio final de cada servicio de recarga para la fiscalización de estos puntos por parte de la Autoridad Reguladora.
Seis diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Progreso Social Democrático (PPSD) y Frente Amplio apoyaron el dictamen afirmativo. En contra votaron Katherine Moreira, del PLN, y la independiente María Marta Padilla. El proyecto pasará ahora al plenario legislativo.
Faltante de centros de recarga
A partir del 2020, los dueños de carros eléctricos tuvieron a su disposición estaciones en zonas alejadas del país gracias a la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, la cual dispuso que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y otras distribuidoras de energía instalaran electrolineras de carga rápida.
No obstante, un reportaje publicado por La Nación en marzo pasado señaló que un mantenimiento inadecuado, aunado a las averías provocadas por el mal uso o el vandalismo, ponen en entredicho la capacidad de esta infraestructura para brindarles autonomía a las unidades eléctricas, en especial en recorridos a zonas rurales y costeras.
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A lo anterior se suma el poco crecimiento de la red de servicio. De hecho, la cantidad de sitios de recarga rápida del ICE se estancó entre 2021 y 2023, mientras que los otros operadores solo sumaron 15 estaciones más en ese periodo, con lo cual el total de puntos pasó de 39 a 54 en las zonas alejadas del país.
Mientras esto ocurre, la flotilla de vehículos eléctricos sigue aumentando en Costa Rica. La cantidad de unidades de este tipo registrados durante los primeros once meses del 2023 casi triplicó la cifra de automotores inscritos en todo el 2022.
Según datos del Minae, entre enero y noviembre del año pasado fueron registrados 5.153 vehículos eléctricos, lo cual significa 2,7 veces más respecto a las 1.893 unidades reportadas durante los 12 meses del año anterior.
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