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San Vicente, Belén/Alajuela.- Un barrio de 254 personas y 340 metros cuadrados, enclavado entre las provincias de Alajuela, Heredia y San José, lleva más de 100 años atrapado en medio de una disputa territorial que lo mantiene en un limbo, sin claridad sobre cuáles autoridades municipales deben darles los servicios públicos o atender situaciones de emergencia en ese caserío, ni tampoco sobre a quién le deben pagar los impuestos o exigir cuentas por el abandono de años.
Ahora, la disputa territorial entre Alajuela y Heredia llegó de nuevo a la Asamblea Legislativa, con un proyecto de ley que ha cumplido cada uno de los pasos exigidos por el ordenamiento jurídico y que busca aclarar, de una vez y para siempre, a cuál provincia pertenece el barrio San Vicente.
Una ley histórica, de casi 200 años, pero aún vigente, la Ley de Bases y Garantías de 1841, establece claramente que la cabecera de la provincia de Heredia, en aquel momento llamado departamento, comprendía todos los barrios y caseríos entre el río Virilla, límite natural entre Heredia y San José, y el río Segundo, al norte.
Ese es parte del argumento que postula María Antonia Castro Franceschi, exregidora belemita y fuerte defensora de que San Vicente sea parte de Heredia, para declarar que esa lengua de tierra de 0,34 kilómetros cuadrados nada tiene que ver con la provincia de Alajuela, ni con su cantón central ni el distrito alajuelense de San Rafael.
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Sin embargo, desde 1901, primero, y luego en 1988, un pacto entre autoridades municipales corrieron discrecionalmente el límite entre las provincias, sin estudios técnicos ni criterios legales, por lo que esa indefinición lleva más de 100 años y numerosos intentos de resolver el asunto de la división administrativa como lo exige el ordenamiento jurídico costarricense, es decir, a través de un proyecto de ley.
En tal confusión han vivido los sanvicentinos que varios de sus terrenos están inscritos como de Alajuela y otros como de Belén, mientras que el servicio de agua les ha llegado de parte del servicio municipal belemita, pero la recolección de basura no se realiza si las bolsas verdes y negras están en su acera y no en la del frente.
El límite antojadizo, pactado de hecho y no por la vía legal, hace 36 años, quedó fijado en el puro centro de la angosta calle Potrerillos, al frente de la cual se ubica el caserío que ocupan las 254 personas, además de un almacén fiscal que antiguamente usaba una conocida discoteca y un motel que, si bien está del lado belemita, tiene registro alajuelense.
Aunque ahora el debate se pueda presentar como una disputa política entre diputados de Alajuela y de Heredia, en realidad el proyecto recién presentado, y frenado esta semana por un grupo de 29 legisladores, finalmente se basa en un estudio serio de la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa, con base en los criterios del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
‘Sin recolección de basura, ni becas ni ayudas sociales’
Castro Franceschi explicó a La Nación que las personas que viven en el barrio no reciben servicio de recolección de basura, ni becas de las municipalidades, ni ayudas sociales, aunque los jóvenes sanvicentinos sí son cotizados en las justas deportivas para representar al cantón de Belén, mas no para recibir sus ayudas.
“Estas familias están al garete, desamparadas por Alajuela y por Belén. Belén dice que esto es Alajuela y Alajuela ni se preocupa, solo de la calle de la radial (Santa Ana-San Rafael-Belén) para atrás, y eso más o menos, pero de la radial para acá, no”, expuso Castro.
La exregidora, ligada a un partido cantonal belemita, recordó que en diciembre, durante una reunión con autoridades municipales del cantón herediano, les dijeron a los vecinos del barrio que les podían quitar al agua, por no ser territorio de Heredia, “aunque sea el agua un derecho humano”.
“Este año, la municipalidad de Belén descubrió que hay 27 de estas propiedades inscritas en Heredia y no sabían. Ahora, están ampliando los servicios de ayudas sociales a estas personas, pero solo las inscritas en Heredia, obviando que ya la Comisión Nacional de División Territorial movió el límite de hecho al río Virilla”, indicó Castro.
Adicionalmente, ella explicó que muchos proyectos de ley se presentaron en el Congreso y se archivaron porque eran ilegales, pues planteaban que se trataba de definir los límites entre los cantones de Alajuela y Belén, o entre provincia y cantón, cuando la normativa exige que se trate de una definición de límites entre las provincias, como finalmente plantea el expediente 24.625, con base en criterios técnicos serios del IGN.
Castro relató que ella y vecinos de la comunidad han hecho gestiones con diputadas como Kattia Rivera, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Ada Acuña, del partido de gobierno, que además son heredianas, y también han planteado a las jefaturas de las seis fracciones legislativas la situación y solicitado la ayuda para tramitar de forma rápida el proyecto.
“Estamos contra el tiempo, por eso pedimos la dispensa de trámites. Estamos fundamentados en la ley, cumpliendo con la ley, y por los plazos del TSE. Los diputados no conocen, hemos llamado y hablado, entregué estos documentos. Fuimos con los vecinos, parece que tienen mucho trabajo, sin tiempo para leer, pero no es justificación”, reclamó Castro.
De no aprobarse el proyecto antes del 30 de enero del 2025, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) deberá mantener los límites tal como están actualmente y el barrio de San Vicente irá a las elecciones presidenciales y legislativas del 2026 en el mismo limbo que han tenido por más de 100 años.
Castro recordó que hace algunos meses hubo en ese barrio un caso de violencia intrafamiliar, en que un hombre le estaba pegando a una mujer y a un niño. “Los vecinos llamaron a la policía de Belén y esta les preguntó: ¿de qué lado de la calle están, derecho o izquierdo? Cuando les dijeron que del derecho, les dijeron que no los podían atender, que llamaran a Alajuela”, relató.
¿Qué hicieron los diputados?
Pese a tener en sus manos el proyecto con la debida justificación de la Comisión Nacional de División Territorial y Administrativa, fundada en los criterios del Instituto Geográfico Nacional, una mayoría de diputados prefirieron frenar el avance del expediente y enviarlo a una comisión dictaminadora, para dar una discusión política sobre el asunto, con un trámite regular que puede tardarse hasta cuatro meses antes de que llegue de nuevo al plenario.
Los que más pugnaron por frenar ese avance son los diputados de Alajuela, mientras que los de Heredia impulsaban tomar una decisión expedita.
“Este pedacito nunca ha sido de Alajuela, sino de Heredia, desde 1841″, reiteró Castro y aseguró que no le están quitando nada a la provincia vecina, pues Alajuela “nunca ha visto por estos vecinos; en los 36 años que duró el límite de hecho en la mitad de la calle, nunca se dignaron ayudar a esta gente, ni siquiera saber que existen”.
En la discusión política también pesa el hecho de que el distrito alajuelense al que supuestamente pertenece el barrio de San Vicente pretende convertirse en un cantón, tal como lo plantea el expediente 24.153, para la creación del cantón XVII de la provincia de Alajuela, con el nombre de Ojo de Agua.
Esa iniciativa, impulsada por Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), no solo lleva firmas de alajuelenses como Priscilla Vindas, del Frente Amplio; José Pablo Sibaja y Olga Morera, de Nueva República; Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP); y la socialcristiana Daniela Rojas, sino también de legisladores heredianos, como Pedro Rojas, del PLN, y Horacio Alvarado, de la Unidad, exalcalde del cantón de Belén.
