El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un nuevo programa de asistencia financiera no reembolsable para los países de la región, que prohíbe el uso de los recursos para la contratación de servicios como los adquiridos en el 2022 por el gobierno de Rodrigo Chaves a una empresa del productor audiovisual Christian Bulgarelli.
El nuevo plan de financiamiento del BCIE, titulado Programa de Desarrollo Económico Sostenible (Prodes), no solo establece criterios específicos para la asignación de los fondos, sino que también excluye el pago de estrategias de comunicación.
El organismo multilateral eliminó, el 24 de julio del 2024, “las cooperaciones financieras no reembolsables para países fundadores y regionales no fundadores fuera del Fondo de Cooperación Técnica (Fontec)”, indicó el BCIE ante consultas de La Nación.
Como parte de este modelo, los países recibían una donación anual de $1 millón que podía ser usada por los gobiernos para costear “una amplia variedad de iniciativas propuestas por los gobiernos dentro del marco de asuntos aplicables en la normativa BCIE”, agregó el banco.
Durante su primer año de gobierno (2022), la administración de Rodrigo Chaves destinó $405.800 de los recursos no reembolsables del BCIE para contratar a RMC La Productora S. A. (Nocaut), empresa de Bulgarelli, para brindar servicios de comunicación a la Casa Presidencial.
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En el contrato con el BCIE, a la empresa Nocaut se le encomendó la producción de las cadenas de televisión semanales y el programa Cafeteando con el presidente. Además, se le encargó realizar tracking o estudios de opinión para medir la percepción de la ciudadanía sobre la gestión del Poder Ejecutivo.
Criterios y exclusiones
El Prodes fue creado como un mecanismo para brindar asistencia financiera para el desarrollo económico y social de los países. Las contribuciones no reembolsables que otorga este plan están destinadas a proyectos y programas del sector público. El artículo 16 de su política define las áreas prioritarias, las cuales incluyen pobreza, género, empleo, cambio climático y migración, entre otras.
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Mientras que el numeral 17 fija las exclusiones. El inciso d estipula que “no se financiarán estrategias de comunicación o cualquier actividad de política partidaria”.
También prohíbe el pago de remuneraciones o dietas que contemplen a funcionarios del organismo beneficiario y las transferencias monetarias, bonos para alimentos y en efectivo, salvo situaciones de emergencia o de fuerza mayor.
El monto máximo que se podrá asignar para financiar la iniciativa anual de cada país es de hasta $1.725.000. Además de Costa Rica, las otras naciones que pueden beneficiarse de estos recursos son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
Investigación en curso
El fiscal general, Carlo Díaz, presentó el pasado 7 de abril una acusación y una solicitud de apertura a juicio en contra el presidente Chaves y el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, pues sospecha que el contrato, financiado con fondos del BCIE, fue hecho a la medida para que la firma de Bulgarelli lo ganara, y para que una parte de los $405.800 se utilizara para beneficiar al exasesor de imagen del mandatario, Federico “Choreco” Cruz.
Bulgarelli le confesó a la Fiscalía General que, por solicitud del presidente Chaves, depositó $32.000 en la cuenta bancaria de la propietaria de una vivienda en el condominio Barlovento, en el distrito de Concepción de La Unión de Cartago, para que Choreco pudiera alquilarla, con opción de compra. El acuerdo habría sido a cambio de la adjudicación del contrato financiado con los recursos del BCIE.
A Chaves y a Rodríguez se les endilga un aparente delito de concusión, el cual es penado, en el artículo 355 del Código Penal, con cárcel de dos a ocho años.
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