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Cinco diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Nueva República (PNR) aprobaron este jueves un informe sobre el Caso Diamante, en el que omiten pedir sanciones para alcaldes y exalcaldes específicos.
A favor votaron Dinorah Baquero, Francisco Nicolás y Katherine Moreira, del PLN; Vanessa Castro, del PUSC, y Yonder Salas, del PNR. Este último fue el autor.
En contra votaron Sofía Guillén, del Frente Amplio, los oficialistas Paola Nájera y Manuel Morales, y la independiente Kattia Cambronero.
A diferencia de un texto del Frente Amplio (FA) que fue rechazado el 6 de febrero, este segundo informe no cita nombres de alcaldes y exalcaldes a la hora de recomendar a la Contraloría General de la República (CGR) imponer sanciones como la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
El informe de la frenteamplista Sofía Guillén sugería castigos para la constructora MECO, el exalcalde de San José, Johnny Araya, y el alcalde de Cartago, Mario Redondo, así como a otros cuatro exjerarcas municipales: Alfredo Córdoba (San Carlos), Alberto Cole (Osa), Humberto Soto (Alajuela) y Arnoldo Barahona (Escazú).
En cambio, el texto aprobado por el PLN, el PUSC y Nueva República solicita, en términos generales, proceder de conformidad con lo establecido por la ley y aplicar las sanciones correspondientes, según los hallazgos.
Sofía Guillén dijo que el informe de Yonder Salas tenía importantes omisiones, como varias escuchas telefónicas hechas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que han salido a la luz pública.
El informe lo votaron en la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa.
El Caso Diamante versa sobre una aparente red de corrupción que vinculaba a funcionarios de municipalidades y contratistas.
El informe aprobado este jueves pide a la Procuraduría de la Ética investigar rigurosamente a los alcaldes y funcionarios electos, asegurando las sanciones correspondientes en caso de culpabilidad, pero sin citar nombres.
Además, requiere a la Fiscalía acelerar la presentación de una acusación formal.
