EscucharAlexánder Sánchez Cabo, gerente médico interino de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), solicitó a la Asamblea Legislativa priorizar una modificación a la Ley Marco de Empleo Público para que 2.096 médicos especialistas se puedan trasladar al salario global, que ya fue definido por la Administración. El cambio tiene como fin evitar que este personal renuncie y permanezca hasta más de un mes alejado de la institución, para luego ser recontratado bajo el nuevo esquema salarial.
Un proyecto de ley en esta línea fue presentado desde abril por las diputada Kattia Rivera y Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN). La bancada verdiblanca solicitó someter a votación, este jueves, una moción en el plenario para acelerar el trámite de la iniciativa, pero la mayoría de jefes de fracción externó dudas sobre la propuesta, así como la necesidad de contar con más información sobre el impacto que tendría el cambio en la normativa. Por ello, se decidió postergar la discusión hasta el próximo 29 de octubre.
En una nota enviada a los jefes de fracción, el 22 de octubre, Sánchez calificó de “críticamente baja” la capacidad de la CCSS para afrontar un cese transitorio de este personal especializado. Mencionó que dicha situación quedó evidenciada en abril cuando este grupo renunció a trabajar después de las 4 p. m. en horarios extraordinarios, como medida de presión para exigir mejores condiciones laborales.
El gerente médico advirtió que el impacto sería a escala nacional, en los servicios de Emergencia, en las áreas quirúrgicas, médicas, de diagnóstico y otras modalidades, “situación que igualmente estaría eventualmente sumando pacientes a la lista de espera o retardando la atención de los ya programados”. Asimismo, se podría ver afectado el otorgamiento de pensiones por invalidez.
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“Se afectaría severamente la capacidad institucional para mantener la continuidad de servicios de salud a la población, yendo más allá de los servicios críticos, impactando gravemente el árbol de resultados estratégicos del seguro de salud”, añade el oficio GM-15871-2024.
El 4 de julio anterior, la Junta Directiva dispuso que los médicos especialistas que ingresaron a la CCSS después del 10 de marzo de 2023 tendrán un salario global definitivo de ¢2.849.261 por mes; una suma 43,09% mayor a la remuneración transitoria que había aplicado la institución. Sin embargo, el 70% de estos profesionales, 2.096 en total, quedaron excluidos de este umbral.
Según Sánchez, si bien la institución desarrolla una propuesta para la continuidad de servicios críticos, que se pondría en marcha en caso de que las renuncias se hagan efectivas, “la capacidad institucional para implementar un plan que resulte realmente efectivo, ante la ausencia de médicos especialistas, es sumamente limitada”.
Alegó que el 16 de octubre, durante reunión del Consejo de Presidencia y gerentes de la CCSS, se determinó que la solución más posible, desde el punto de vista administrativo y legal, es una reforma a la Ley Marco de Empleo Público y que por ello solicitaba a los diputados “su ayuda prioritaria”.
Jefes de fracción expresan dudas
La mañana de este jueves se discutió en la reunión de jefes de fracción una propuesta del PLN para que en la sesión de la tarde del plenario se dispense de trámite el expediente 24.329, que adicionaría un nuevo artículo transitorio a la Ley Marco de Empleo Público, para que los médicos especialistas tengan un año de plazo para trasladarse del salario compuesto (base más pluses) al salario global.
El periodo comenzaría a correr a partir del momento en que se oflicializa el salario global definitivo.
No obstante, se acordó postergar dicha votación luego de que los voceros de los partidos Liberal Progresista (PLP), Unidad Social Cristiana (PUSC) y el oficialista Progreso Social Democrático (PPSD) externaran dudas sobre el impacto de la iniciativa.
Los líderes de las bancadas también solicitaron tiempo para conversar del tema a lo interno de sus fracciones y alcanzar un acuerdo sobre la posición que se tomaría al momento de la votación.
Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, fue la primera en levantar la voz. La diputada pidió postergar el conocimiento de la moción de dispensa de trámite, con el fin de solicitar información a la CCSS y al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), este último por ser el rector en materia de empleo público.
Luis Diego Vargas, del PLP, planteó la necesidad de realizar un análisis más amplio de los efectos del proyecto.
“Si se va a abrir el espacio para darle legalidad a una renuncia para una recontratación, que seamos cuidadosos en que no nos quedemos solo con los médicos, también están las enfermeras. Hay un proceso operativo que nos puede reclamar que solo vimos con buenos ojos a los médicos”, indicó.
María Marta Carballo, del PUSC, secundó las palabras de Vargas y solicitó valorar si la CCSS está tomando acciones con respecto al tema. Igualmente, solicitó un compromiso al gobierno para que en el caso de que no se logre el aval a la dispensa de trámite, el oficialismo respalde una nueva solicitud para acelerar el trámite del proyecto “porque sería una crisis increíble la que se va a dar si los especialistas renuncian”.
José Pablo Sibaja, del Partido Nueva República (PNR), y el liberacionista Óscar Izquierdo, resaltaron la importancia de tomar decisiones, por considerar que el país podría encontrarse a las vísperas de una emergencia.
Por otro lado, Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), resaltó que son las mismas autoridades de la CCSS las que han tocado la puerta de la Asamblea Legislativa y quienes se han reunido con los parlamentarios para solicitar la modificación a la ley de empleo público.
Oficialismo asume compromiso
En vista de la preocupación externada por los diputados, Cisneros afirmó que hay un compromiso de parte del viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, de convocar el proyecto de ley en el periodo de sesiones extraordinarias, que se inicia el 1.° de noviembre y se extenderá hasta el 31 de enero de 2025, si se llega a presentar la emergencia por faltante de especialistas.
Asimismo, la vocera oficialista subrayó que el próximo lunes está programada una reunión entre las jerarquías de la CCSS y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, acompañada de una comitiva del gobierno, para conversar sobre la potencial renuncia de médicos especialistas.
