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Un grupo de cinco ciudadanos solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investigar si el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) facilitó el ingreso de una movilización vinculada al Partido Pueblo Soberano (PPSO) durante los actos patrios del 14 de setiembre en la Plaza Mayor de Cartago, mientras a otras personas se les prohibió ingresar.
Además, pidieron indagar el rol del secretario general del PPSO, Freddy González, en los eventos de Cartago, así como su aparente participación en un acto presidencial efectuado en Sarapiquí, Heredia, cuatro días después, el 18 de setiembre.
La denuncia por posible parcialidad o beligerancia política la presentaron el 28 de setiembre Rocío Ramírez Varela, Oscar Castillo Rojas, Oscar Aguilar Bulgarelli y José Antonio Solano Saborío, acompañados por la abogada Sonia Sandí. Ellos solicitaron que se efectúe una investigación preliminar para determinar quién ordenó, autorizó o ejecutó las actuaciones cuestionadas.
En el caso de Cartago, la gestión se dirige inicialmente contra Gerald Campos, ministro de Seguridad Pública, y los funcionarios de esa cartera que sean incluidas en una eventual investigación. También, pide aclarar la participación del Ministerio de la Presidencia, del ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, y del alcalde de Cartago, Mario Redondo, en relación con la organización, protocolo y controles aplicados durante la actividad.
Sobre el secretario general del PPSO, Freddy González Rojas, se alega que el dirigente partidario llegó a la Plaza Mayor y habría coordinado la entrega de alimentos, bebidas, capas y banderas de Costa Rica a partidarios del gobierno.
Según los denunciantes, durante las actividades por la Independencia y la llegada de la Antorcha, hubo controles policiales de acceso, solicitudes de cédula y revisión de pertenencias, además de que algunas personas denunciaron impedimentos para ingresar con faroles o pancartas.
La denuncia sostiene que dos de los firmantes, Rocío Ramírez y José Antonio Solano, no pudieron entrar a la Plaza Mayor y tuvieron que observar los actos desde la vía pública. Por ello, solicitan determinar cuáles fueron los criterios utilizados para permitir o impedir el ingreso, quién impartió las instrucciones y cuántas personas resultaron afectadas.
Denuncian supuesto trato diferenciado con buses
Uno de los principales señalamientos es que, mientras algunas personas debían hacer fila, identificarse y mostrar sus pertenencias, se habría permitido el ingreso de buses y vehículos con asistentes vinculados con la movilización del PPSO. A estas personas no se les habría aplicado las medidas restrictivas.
Los denunciantes reconocen que las fotografías aportadas no demuestran por sí solas que los ocupantes de esos vehículos evadieran los controles, por lo que solicitan al TSE determinar quién autorizó su ingreso, si existieron revisiones previas en otro punto y cuál fue la justificación para un eventual trato diferenciado.
Como parte de la prueba, incorporaron fotografías de siete autobuses y solicitaron que se investiguen sus placas, propietarios, operación y la contratación y finalidad de los traslados. También, pidieron determinar si se utilizaron recursos públicos para financiar transporte, puestos o bienes distribuidos durante la actividad.
Los denunciantes pidieron que se requiera al MSP el plan y la valoración de riesgo del operativo, los puntos de acceso, las reglas de identificación y acreditación, los registros de ingreso de autobuses y vehículos y, particularmente, identificar la cadena de mando y quién impartió cada instrucción relacionada con los controles.
Denuncia incluye segundo episodio con Laura Fernández en Sarapiquí
La gestión incorpora un segundo episodio ocurrido el 18 de setiembre durante la ampliación del Complejo Hidroeléctrico Cubujuquí, en Horquetas de Sarapiquí, actividad en la que participaron la presidenta de la República, Laura Fernández, y el secretario general del PPSO, Freddy González.
En este caso, los ciudadanos piden investigar quién propuso y autorizó la participación de González, en qué condición intervino y qué recursos institucionales se utilizaron, así como determinar si Fernández empleó decisiones de protocolo, comunicación oficial u otros medios institucionales para favorecer una eventual proyección partidaria del secretario general del PPSO.
