EscucharFiguras del gobierno y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se contradicen sobre las razones que mediaron para frenar el proyecto de ley sobre la Cruz Roja Costarricense, el cual establecería un marco legal que garantice las condiciones de la labor humanitaria de esta institución.
Según Pilar Cisneros, jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), el Poder Ejecutivo decidió retirar el expediente 23500, el 2 de diciembre, por observaciones de la diputada jefa del PUSC, María Marta Carballo.
La socialcristiana presentó 10 mociones de reiteración en el plenario, lo que, según Cisneros, motivó al Ejecutivo a dar el paso atrás.
Por su parte, la diputada del PUSC aseguró que su bancada estaba dispuesta a discutir y votar la iniciativa antes de finalizar el año, mientras su equipo de prensa alegó que la desconvocatoria se debió a “dudas” del Ministerio de Hacienda.
No obstante, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, desmintió esa versión. Explicó que el proyecto fue desconvocado para analizar con mayor detenimiento las observaciones de María Marta Carballo y será convocado nuevamente en breve. “No es un tema del Ministerio de Hacienda”, aclaró.
Este medio consultó nuevamente a la jefa de fracción del PUSC para aclarar las discrepancias. En esta ocasión, mencionó dos hechos. El primero es que, hace tres semanas, no pudo asistir a la Asamblea por una gira a Limón y, entonces, Pilar Cisneros solicitó posponer la discusión de las mociones, lo que retrasó el proyecto.
El segundo es que, durante una reunión de jefes de fracción la semana pasada, se mostró dispuesta a discutir sus propuestas.
La jefa del PUSC subrayó que nunca mencionó que las dudas provinieran del Ministerio de Hacienda. Dijo que las mociones incorporarían observaciones de la Contraloría General sobre el manejo de los recursos del impuesto de telefonía y timbre destinados a la Cruz Roja, los cuales deben pasar por el Presupuesto Nacional. Señaló que otras observaciones buscan garantizar que, además de las emergencias, la Cruz Roja pueda contar con la disponibilidad de ambulancias en las comunidades durante el día.
El jueves, la Asamblea aprobó por mayoría una moción para solicitar al Poder Ejecutivo la reincorporación, en sesiones extraordinarias, del proyecto en la agenda. La moción fue aprobada con 35 votos a favor y cinco en contra. Se opusieron los diputados oficialistas Daniel Vargas, Pilar Cisneros, Ada Acuña, Jorge Antonio Rojas y Paola Nájera del PPSD.
La Nación consultó a Pilar Cisneros sobre los motivos de la oposición, pero no se recibió respuesta.
El proyecto 23500 ya recibió dictamen favorable en la Comisión de Gobierno y Administración y, ahora, está en la etapa de análisis de mociones presentadas en plenario.
Propuestas del proyecto
Este proyecto de ley, propuesto en el 2022 por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Kattia Rivera, declararía a la institución de utilidad pública y bienestar social, otorgándole la capacidad para administrar fondos provenientes del Estado y sus entes descentralizados.
El proyecto establecería lineamientos para la relación de la Cruz Roja con el Estado, instituciones autónomas, municipalidades, organismos internacionales y el sector privado. Además, promovería la cooperación del Estado mediante convenios y alianzas público-privadas, con el fin de asegurar la sostenibilidad financiera, la modernización tecnológica y operativa, y la disponibilidad de recursos en emergencias.
Se facilitarían condiciones para el libre desplazamiento de la Cruz Roja por todo el país, así como el acceso sin obstáculos a los beneficiarios de sus servicios, sin que sus miembros afronten problemas judiciales. Asimismo, se reconocería su derecho a la confidencialidad de la información obtenida en su labor.
El proyecto incluye la exoneración de impuestos y otros beneficios, como la justicia gratuita y la inembargabilidad de bienes destinados al servicio público. También, permitiría a las municipalidades realizar donaciones a la Cruz Roja, utilizando un porcentaje del Impuesto de Patentes Municipales u otras fuentes de ingresos, para financiar gastos operativos, renovación de la flota vehicular y otros fines relacionados con su labor. Además, facilitaría la participación del sector privado a través de donaciones o acuerdos legales amparados por la legislación costarricense.
