EscucharCon seis votos a favor y uno en contra, la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico dictaminó afirmativamente este jueves un proyecto de ley para excluir a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del salario global establecido en la Ley Marco de Empleo Público.
Dicha exclusión implicaría que la Policía Judicial no se regirá por el salario global, que consiste en un monto único para las diferentes categorías, sino que volvería al antiguo esquema de salario base más pluses como anualidades y dedicación exclusiva, incluso con las condiciones previas a la reforma fiscal del 2018.
El proyecto, propuesto por la diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), fue dictaminado con un texto sustitutivo. La nueva versión aclara que la reforma no autoriza la creación de nuevos pluses ni el cambio en la naturaleza de los que fueron reconocidos antes de la reforma tributaria.
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Con ello, se elimina la propuesta original de crear o aumentar anualidades, así como cualquier otro tipo de remuneración, compensación o incentivo pagado de forma porcentual o nominal.
Además, el texto sustitutivo excluye la idea de otorgar 23 días de vacaciones a los funcionarios con 16 años o más de servicio, y 25 días para aquellos que superen los 20 años de labor en el OIJ.
También especifica que la exclusión no aplicará para los puestos del OIJ incluidos en los grupos de apoyo administrativo, auxiliares y asistencias. En esa línea, sí regresarán al modelo salarial anterior el personal técnico especializado, profesional y policial, así como la jefaturas.
A favor de proyecto votaron los diputados Dinorah Barquero, Alejandra Larios y Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN); Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Priscila Vindas, del Frente Amplio; y la independiente Gloria Navas.
En contra votó Pilar Cisneros, vocera del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Los defensores del dictamen afirmativo alegan que la reforma es necesaria ante la fuga de personal señalada por el director del OIJ, Randall Zúñiga. Por su parte, el oficialismo advierte de que el proyecto generará desigualdad con otras policías y riesgo para las finanzas públicas.
Incentivos para el OIJ
El proyecto propone excluir al OIJ de las regulaciones sobre dedicación exclusiva, dietas, incentivos y prohibiciones establecidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (reforma tributaria de 2018).
Por ejemplo, el plan fiscal redujo el pago por dedicación exclusiva para funcionarios con licenciatura de un 55% a un 25% del salario base. Esta norma no aplicaría a la Policía Judicial.
Además, al excluir al OIJ de las regulaciones de la reforma tributaria, el incentivo por anualidad volverá a pagarse de forma porcentual en lugar de nominal para los funcionarios cubiertos por el proyecto.
Gobierno opuesto a excluir OIJ del salario global
La diputada Pilar Cisneros expresó que al gobierno le preocupa las exclusiones, ya que podrían generar disparidades dentro del Poder Judicial. Sostuvo que esto provocaría que el Ministerio Público u otros órganos judiciales pidan el mismo trato, así como otras fuerzas policiales, incluyendo la Fuerza Pública, la Migratoria y la de Fronteras.
Cisneros alegó que el presupuesto del Poder Judicial es uno solo y tiene límites, y que al otorgar más fondos para el pago de remuneraciones al OIJ, se generaría un desequilibrio en el plan de gastos, en detrimento de otras dependencias de ese poder del Estado.
Recordó que el Poder Judicial declaró que todos sus puestos son exclusivos y excluyentes, lo que implica que el establecimiento del salario global es determinado por la propia institución.
“La forma de asegurarnos de que los empleados públicos tengan un mejor salario es reducir la deuda pública por debajo del 60% de la producción (mientras esto no se logre quedan congelados los aumentos anuales costo de vida), de manera que haya más recursos disponibles”, expuso Cisneros.
Por su parte, la diputada Kattia Cambronero afirmó que el país debe abordar los problemas prioritarios de los ciudadanos. “Decir aquí que habrá graves consecuencias con esta iniciativa es no identificar las graves consecuencias que sufren los ciudadanos en materia de seguridad. Tenemos una fuga de profesionales, científicos y técnicos en el OIJ”, expuso.
Aseguró que el OIJ es la única institución que actualmente realiza un enorme esfuerzo por llevar a cabo investigaciones en materia de delitos y corrupción y que, de continuar la fuga de profesionales, habrá consecuencias graves, como la incapacidad para finalizar investigaciones a tiempo y cumplir con el principio de justicia pronta y cumplida.
