EscucharLa Contraloría General de la República (CGR) advirtió sobre los riesgos que presenta el texto sustitutivo del proyecto de ley para la creación del Fondo de Competitividad y Auxilio Arrocero (Fonarroz), el cual permitiría dar créditos y avales a los productores nacionales del cereal.
El órgano contralor, mediante el criterio DFOE-SOS-0613, emitido el 17 de octubre, subrayó la ambigüedad en la naturaleza jurídica del Fonarroz. Esto se debe a la falta de claridad sobre si la iniciativa pretende establecer un ente público no estatal (EPNE) o un órgano desconcentrado de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
La Contraloría advirtió de que, al igual que en el texto anterior del proyecto, este punto sigue sin aclararse, por lo que podría generar confusión respecto a su autonomía y supervisión, lo cual es fundamental para garantizar la correcta aplicación de normas y la rendición de cuentas.
Para este criterio la Contraloría analizó el texto sustitutivo del proyecto, el cual fue aprobado en setiembre por los diputados de la comisión de Asuntos Agropecuarios. La iniciativa busca apoyar con créditos y avales a los productores nacionales de arroz, especialmente a los micro, pequeños y medianos agricultores afectados por la desestabilización del sector.
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El financiamiento del programa de créditos correrá a cargo de Conarroz, que utilizará un capital semilla definido en la ley, además de donaciones, transferencias y aportes económicos especiales.
En su criterio, la CGR también expresó su preocupación por la posible duplicidad de funciones entre el Fonarroz y el Sistema de Banca para el Desarrollo, ya que se podrían fragmentar esfuerzos y recursos, comprometiendo la eficacia del apoyo al sector arrocero.
“Se recomienda que se revise si las políticas y mecanismos existentes pueden cubrir las necesidades identificadas para evitar redundancias. Por otra parte, se sugiere en cuanto la creación de fideicomisos, que se realice un análisis técnico de costos y beneficios para garantizar que esta opción sea la más adecuada para los objetivos del proyecto”, manifestó la Contraloría.
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Plan desconoce impacto arancelario
Para financiar las ayudas del Fonarroz el proyecto crea nuevo impuesto a la producción de $25 por tonelada métrica de granza de origen nacional, así como un arancel adicional de $25 por tonelada métrica de granza importada de arroz y de $39,4 por tonelada métrica de arroz procesado importado, siempre que eso no supere el 35% del arancel consolidado ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Los fondos recaudados con los aranceles deberán ser recolectados por el Ministerio de Hacienda, el cual estará encargado de transferirlos al Fonarroz a mitad de cada mes.
Sin embargo, el ente fiscalizador señaló que el proyecto carece de estudios técnicos sobre el impacto de un arancel y tributo adicional en el costo final del arroz para el consumidor, lo cual es fundamental debido a la importancia que este grano tiene en la canasta básica nacional.
Como recomendación, la CGR solicitó incluir estos análisis en la discusión del proyecto para asegurar que las medidas adoptadas sean sostenibles y no perjudiquen ni a los productores ni al consumidor.
La Contraloría explicó que sus observaciones son de carácter orientador y buscan evitar riesgos en la implementación del proyecto de ley.
La iniciativa, impulsada por el legislador Ariel Robles del Frente Amplio, cuenta con el respaldo de varias bancadas, incluyendo el Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y las diputadas independientes Gloria Navas y María Marta Padilla.
