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La Procuraduría General de la República (PGR) les advirtió a los diputados que el proyecto de ley que pretende dar permisos comerciales en las playas sería inconstitucional. Además, señaló que podría tener un impacto negativo en el ambiente de la zona pública costera.
Se trata del expediente legislativo 23.148, Ley para el desarrollo e impulso de la zona marítimo terrestre, impulsado por los nueve integrantes de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
La iniciativa busca autorizar a las municipalidades e intendencias para que puedan otorgar permisos de uso en precario, en la zona pública de las costas, en aras de que terceros puedan colocar mobiliario o implementos vinculados a la actividad turística.
Básicamente, sería un permiso para que los comerciantes turísticos puedan colocar, en la zona pública, propiedad del Estado, y de aprovechamiento para las personas, todo tipo de mobiliario e implementos, siempre y cuando sean comerciantes que ya tienen concesión del terreno en la zona restringida.
Aunque también se le permitiría tener ese tipo de permisos a terceros que no precisamente tengan un contrato de concesión en la zona restringida.
En principio, se trata de mobiliario que se debe retirar diariamente, con la prohibición expresa de construir infraestructura alguna, ni siquiera de carácter temporal. La iniciativa también establece la obligación de realizar la limpieza diaria del lugar, para reducir el impacto ambiental de la actividad.
Sin embargo, el criterio de la Procuraduría es tajante en que la iniciativa “puede reñir los principios constitucionales de intangibilidad de la zona pública, razonabilidad y objetivación de la tutela ambiental”.
Inundación de mobiliario en las playas
Específicamente, la PGR advirtió que la propuesta permitiría restringir el uso común de la zona pública, el derecho de acceso a esa zona y el libre tránsito de las personas para practicar deportes o actividades de esparcimiento físico o cultural.
La opinión jurídica lleva la firma del procurador José Barahona, con aval de la PGR, y enfatiza que “la propuesta legislativa carece de un estudio técnico sobre los posibles impactos negativos de los permisos que autoriza en el ambiente de la zona pública, área frágil”.
De hecho, al permitir todo tipo de permisos, tanto para concesionarios como para terceros sin concesión, las playas podrían terminar inundadas de todo tipo de mobiliario con el objetivo de prestación comercial turística.
“Es de notar que todas las personas concesionarias de la zona restringida tendrían opción de gestionar esos permisos de uso en la zona pública, prorrogables, y que las concesiones pueden otorgarse hasta por un plazo de veinte años. En el caso de los terceros que los soliciten, si bien el plazo inicial es de cinco años, también pueden ser objeto de prórrogas sucesivas”, expone el documento N.° PGR-OJ-115-2024.
Adicionalmente, el criterio advirtió de que establecer que los reglamentos municipales pueden determinar la condición de entrega de los permisos “podría generar normas dispares, con trato desigual en situaciones análogas, sobre un bien de interés nacional”.
Finalmente, señaló que es inconstitucional otorgarles a los concejos municipales de distrito que hay en las intendencias la emisión de reglamentación para autorizar los permisos de uso de zona pública, pues no tienen esa potestad constitucional, sino solamente las municipalidades.
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