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La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizó 28 allanamientos simultáneos, la mañana de este lunes, por lo que considera un aparente sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en la adjudicación de contratos a cooperativas de salud para la operación de 138 Ebáis. Las diligencias judiciales incluyeron la detención de ocho altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre ellos, la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel Rodríguez y la gerenta general interina, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes.
El proceso de adjudicación comenzó en el 2021, cuando la Caja aprobó una contratación sobre la administración de 138 Ebáis que actualmente operan las cooperativas.
No obstante, hubo insatisfacción por los términos de cartel, situación que motivó seis rondas de apelaciones y aclaraciones ante la Contraloría General de la República. En marzo del 2023, a un paso de darse la adjudicación luego de 17 meses, la actual administración de la Caja anuló todo el procedimiento.
En noviembre de 2023, el trámite comenzó desde cero con la promesa de realizar “un proceso bien planificado”. Sin embargo, en mayo de este 2024, la licitación fue declarada infructuosa. Trascendió que la Junta Directiva de la Caja aplazaría la decisión en espera de informes, pues un grupo de miembros de la Junta Directiva planteó dudas sobre los precios que estaban cobrando las cooperativas por sus servicios.
Entre los documentos que despertaron dudas, está un informe del Área de Contabilidad de Costos, según el cual había un aumento “excesivo” del costo que pretendían cobrar las cooperativas. El informe señaló que, bajo el contrato vigente, la entidad pagó a estas organizaciones, en promedio, ¢29.200 millones por año durante los últimos cuatro años. Sin embargo, con la nueva propuesta, el pago subiría a ¢53.300 millones por año.
Luego del debate por los estudios, en una sesión extraordinaria convocada para el sábado 6 de julio, la Junta Directiva de la Caja, funcionando bajo la figura de “funcionario de hecho”, dado que el cuórum no estaba completo, adjudicó la administración de los 138 Ebáis por un plazo de 10 años a las cooperativas Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín, así como a Asemeco.
La decisión de los seis directivos presentes (en total son nueve) fue cuestionada por la propia Auditoría Interna de la Caja, y por eso, el 10 de julio, el auditor interno, Ólger Sánchez Carrillo, planteó una denuncia ante la Fiscalía por la posibilidad de que se hubiese cometido el delito de tráfico de influencias.
La Auditoría detalló que, pese a existir varios criterios técnicos en los que se calificaba como excesivas las ofertas económicas de las cooperativas, la Junta Directiva adjudicó la millonaria licitación basada en un análisis emitido por una única funcionaria (María de los Ángeles Gutiérrez Brenes) sin que este se ajustara “a la metodología establecida institucionalmente”.
Según el fiscal general Carlo Díaz Sánchez, la denuncia de la Auditoría Interna de la CCSS activó las investigaciones judiciales que llevaron a los 28 allanamientos y ocho detenciones realizadas este lunes.
De acuerdo con la Fiscalía, miembros de la Junta Directiva también habrían sostenido reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida. Asimismo, los contratos tienen plazos de 10 años, pese a que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años.
La Fiscalía presume e investiga si los miembros de la Junta Directiva anularon el procedimiento de compra que estaba listo e instruyeron uno nuevo en el cual, valiéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones y favorecer los intereses de las cooperativas.
A Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja, le allanaron su casa de habitación, ubicada en una torre en el barrio La California, en San José. Esquivel no estaba en su casa cuando los agentes ingresaron a las 6 de la mañana. Ella se entregó al OIJ en la sede de Pérez Zeledón, minutos antes de las 8 de la mañana.
Seguidamente, la presidenta de la Caja fue trasladada desde Pérez Zeledón hasta los Tribunales del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.
Junto con Esquivel, también fue detenida María Gutiérrez Brenes, gerente general interina de la CCSS, asesora cercana de la presidenta ejecutiva y autora del informe que recomendó adjudicar a las cooperativas pese al presunto sobreprecio.
Asimismo, los agentes también detuvieron a Zeirith Rojas, Johnny Gómez y María Isabel Camareno, actuales miembros de la Junta Directiva, y a los exdirectores Roberto Quirós, Jorge Porras y Jorge Luis Araya. Este último es Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
A todos se les investiga por los presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
En total, la Fiscalía allanó seis oficinas de la Caja, cuatro cooperativas (Coopesain, Coopesana, Coopesiba y Coopesalud) y 16 viviendas. El secuestro de información incluyó la sede central de la Caja, en San José.
