EscucharUn proyecto de ley aumentaría en un 50% las penas de cárcel por delitos ambientales si estos son cometidos por grupos organizados de dos o más personas, quienes hayan operado por un período prolongado con el propósito de delinquir.
La iniciativa fue dictaminada, de manera afirmativa, el 24 de setiembre en la Comisión de Ambiente y está lista para su discusión y votación final en el plenario de la Asamblea Legislativa. Se tramita bajo el expediente N.° 23.952 y se titula: “Reforma a varias leyes para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en materia de delitos ambientales”.
El plan adiciona artículos a las leyes que regulan actualmente los delitos ambientales, como la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la Ley Forestal y la Ley de Pesca y Acuicultura. En su mayoría, estas normativas sancionan los delitos con el pago de multas o penas de cárcel que no superan los tres años.
Ariel Robles, diputado del Frente Amplio (FA), planteó la iniciativa en setiembre del 2023. Él insistió en que las penas solo aumentarán si se cumple la condición de grupo estructurado, no de manera generalizada, pues la elevación de las sanciones resultaría desproporcionada en casos de menor gravedad, donde no hubo delincuencia organizada.
“Si una persona corta un árbol, es un delito ambiental que seguirá bajo la misma pena, pero si esa persona participa en un grupo organizado para la tala irregular, ahí existiría potestad para investigarlo como crimen organizado y la pena sería un 50% más alta”, dijo Robles.
El artículo 63 de la Ley Forestal impone de un mes a un año de prisión para quienes movilicen madera en trozos, escuadrada o aserrada de bosques o plantaciones sin la documentación respectiva. Con la reforma, esa pena aumentaría hasta un año y medio.
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Delitos graves
El proyecto, además, busca que los delitos ambientales se consideren como “graves”, para aplicar las herramientas de la Ley contra la Delincuencia Organizada, como la ampliación de plazos de investigación y la intervención de comunicaciones.
“A partir de este agravante, es posible que se utilicen figuras de crimen organizado como las escuchas telefónicas para poder investigar un proceso de afectación ambiental. Casos como Gandoca-Manzanillo y Crucitas tendrían ese agravante y podrían ser investigados bajo la lógica del crimen organizado”, añadió Robles.
La propuesta fue consultada con el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Contraloría General de la República (CGR), la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre otras instituciones.
