Escuchar
El diputado liberacionista Gilberth Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, cuestionó la decisión del mandatario Rodrigo Chaves de desconvocar el proyecto de ley sobre ejecución de la pena, que se trabajó en conjunto entre el Poder Judicial, el Congreso y funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz.
Jiménez aseguró que, cuando el gobernante decidió retirar el expediente de la agenda de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, ya existía un avance hasta del 70% en las negociaciones para presentar un texto sustitutivo
El verdiblanco sostuvo que Chaves “ni siquiera conoce el proyecto de ejecución de la pena, ni siquiera lo ha leído” y que sus críticas se sustentan en los “chismes” que hacen otras personas. A inicios de diciembre, el mandatario anunció que vetará la iniciativa en caso de que sea aprobada por el Congreso.
“Señor presidente, yo lo reto a que venga, estudie y me diga dónde están las debilidades, las diferencias, los cambios, las acciones y las soluciones, y les diga a sus personas en el Ministerio de Justicia y Paz por qué no nos dieron los respectivos aportes”, reclamó.
LEA MÁS: Rodrigo Chaves desconvoca proyecto de ley de ejecución de la pena
El objetivo del proyecto 24.019 es regular la ejecución de las penas impuestas a los condenados, tanto en el sistema penitenciario como en el régimen semiinstitucional (cuando la persona sale de la cárcel mediante beneficios condicionados). La norma reemplazará el esquema fragmentado actual, en el que alrededor de 10 normas del Código Penal regulan el cumplimiento de las sentencias.
Dicha normativa regula la opción para que los privados de libertad trabaje y estudien, mientras cumplen su condena, así como la propuesta de mejoras en los plazos para el proceso de ejecución, una vez que la persona recibe su condena.
LEA MÁS: Poder Judicial lamenta decisión de presidente y rechaza el populismo punitivo
El texto establece las siguientes normas:
-Para sentencias de hasta un año de prisión, la valoración inicial para determinar la ubicación del condenado debe realizarse en el primer mes, a partir de su ingreso al sistema penitenciario.
-Para sentencias de entre uno y cuatro años, esta valoración debe llevarse a cabo en los primeros dos meses.
-Para sentencias de entre cuatro y doce años, se establecerá un plazo de tres meses.
-Finalmente, para sentencias de más de doce años, el plazo se extenderá a seis meses.
El presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico también cuestionó la responsabilidad del ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, porque tuvo funcionarios permanentes de las negociaciones en las mesas de trabajo aportando.
LEA MÁS: Por qué es necesaria una ley de ejecución de las penas
“Sería mezquino no reconocer los aportes que cada uno de ellos dio. No conozco cuál es la intención (al desconvocar el proyecto), si lo que buscan es desproteger al país o qué. Me queda una gran laguna y lamentablemente hay un acuerdo conjunto, integral.
“Sucede que ahora no es la urgencia, a como son las cosas en este gobierno de ocurrencias e improvisaciones. Esa es una improvisación; sin más, sin argumentos ni elementos, quitan un proyecto de ejecución de la pena que estaba en discusión, en análisis”, agregó Jiménez.
El diputado liberacionista aseguró que en la negociación del texto hubo un antes y un después de la salida de Natalia Díaz, como jerarca del Ministerio de la Presidencia.
“Sería penoso no reconocer que la anterior ministra siempre estaba muy anuente, muy presente. Teníamos una estrecha coordinación en todos los temas.
“Lamentablemente con doña Laura Fernández (actual ministra) no la hemos tenido, no ha habido posibilidad de diálogo. Es la forma del presidente de buscar unilateralmente posiciones y tomar sus decisiones, sin tomar en cuenta los criterios”, alegó Jiménez.
