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Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, por mayoría, aprobaron este martes una moción para destinar $50 millones de un crédito por $500 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), al abono de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En específico, ese foro legislativo modificó el artículo 2 del proyecto de ley que acompaña el contrato de préstamo, con el fin de especificar que el 90% de los recursos se destinará exclusivamente al pago del servicio de la deuda, y el 10% restante (los $50 millones) se empleará para amortizar la deuda con la CCSS.
La moción contó con el apoyo de seis legisladores, mientras que cinco votaron en contra. A favor votaron Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA); Carlos Felipe García y Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); y Paulina Ramírez, Sonia Rojas y José Joaquín Hernández, de Liberación Nacional (PLN)
En contra, por su parte, se pronunciaron Pilar Cisneros y Waldo Agüero, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), así como Gilbert Jiménez, del PLN; Pablo Sibaja, de Nueva República; y Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista).
En esta ocasión, quien inclinó la balanza en favor de esta modificación fue Jonathan Acuña, pues en diciembre pasado, en una votación que quedó 5 a 5 y en la que no participó el frenteamplista, al final se terminó rechazando una propuesta del socialcristiano Alejandro Pacheco para destinar $60 millones al abono de la deuda del Estado con la CCSS.
En esa ocasión, Pacheco presentó una moción para que el Ministerio de Hacienda asignara el 12% de los recursos del empréstito a la Caja. Sin embargo, tras dos votaciones empatadas 5 a 5, la propuesta fue desestimada automáticamente.
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Pilar Cisneros: ‘Insistiremos para quitar ese aporte a la Caja’
La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, anunció que su bancada redactará un informe de minoría, reiterando su oposición a ese cambio e insistirá para que no se apruebe, una vez que el proyecto N.° 24425 se discuta en el seno del plenario. Este documento, según manifestó, también contará con la firma de Eliécer Feinzaig.
“La votamos en contra porque este Gobierno no quiere ser irresponsable con las finanzas públicas. Nada autoriza a los diputados a darle un 10% a la CCSS. Es un crédito de apoyo presupuestario”, afirmó Cisneros y agregó que, en abril próximo, vence un préstamo por $500 millones, monto que coincide con el crédito del BIRF, ente que integra el Banco Mundial.
Durante la sesión de este martes, la oficialista insistió en que el Poder Ejecutivo participa en “una mesa de negociación abierta y operativa” con el objetivo de alcanzar un consenso con la Caja sobre el monto total de la deuda.
A finales de mayo pasado trascendió que la firma Deloitte & Touche, como auditor externo de la Caja, estimó en ¢2.079.901 millones la deuda del Estado con la CCSS (seguro de salud y sistema de pensiones), al 31 de diciembre del 2022. En esa cifra no se incluyeron las deudas acumuladas en el 2023 y, además, se le deben sumar ¢563.259 millones por el traslado de funcionarios que eran del Ministerio de Salud.
Hasta el 2023, el Congreso había aprobado 10 créditos internacionales con asignaciones para la Caja por ¢235.000 millones, de acuerdo con datos suministrados por el Ministerio de Hacienda.
