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Con 38 votos a favor y seis en contra, el plenario aprobó este jueves una moción para que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa investigue si hay vínculos entre el gobierno y el crimen organizado, a raíz de publicaciones internacionales y hechos cuestionados a la actual administración en materia de seguridad.
Votaron en contra los diputados oficialistas. Al justificar su postura, Pilar Cisneros, vocera del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), afirmó que es absolutamente ofensivo y ridículo hablar de que “este es un narcoestado”, como lo insinuó la legisladora del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén.
Ariel Robles, del FA, alegó que la investigación es necesaria porque, con la actual administración, los decomisos de droga al narcotráfico cayeron en un 75%.
“Hubo un posible debilitamiento en el acompañamiento del Ministerio de Seguridad en operativos contra la delincuencia organizada e, igualmente, una ausencia total de apoyo de la Unidad Especializada de Intervención (UEI), así como movimientos de personal de la Policía de Control de Drogas (PCD) y, finalmente, falta de apoyo del Servicio de Vigilancia Aérea de Costa Rica (SVA) en operativos”, dice la moción.
La alusión a la PCD es porque desde el 15 de setiembre del 2023, el gobierno retiró a dicho cuerpo policial de los aeropuertos, puertos y puestos fronterizos.
La moción aprobada menciona la intención del gobierno de construir cárceles de carpas y la decisión de trasladar la Academia Nacional de Guardacostas, de Quepos, Puntarenas, a Pococí, Limón, a 103 de km de la costa más cercana. Dicha escuela entrena a oficiales en operativos de seguridad y narcotráfico,
Además, señala que la flotilla de naves del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) quedó reducida a un solo avión en servicio.
También cita la investigación que el Ministerio Público abrió en agosto de 2023 luego de una publicación del diario El Universal, de México, el cual denunció una supuesta negociación del gobierno costarricense “con redes mafiosas locales, ligadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación”. El fin de esa negociación sería, según el artículo, “reducir la violencia callejera, a cambio de permitir el paso del narcotráfico”.
En marzo del 2023, la prensa internacional también destacó la creciente inseguridad en el país. The Washington Post publicó un reportaje titulado “Costa Rica, laid-back land of ‘pura vida’ succumbing to drug violence” (Costa Rica, tierra relajada del ‘pura vida’ sucumbe a la violencia del narcotráfico), señalando la situación crítica en Puntarenas. Posteriormente, el diario El País de España también se hizo eco de la grave situación de seguridad en territorio nacional.
En abril de 2023, continúa la moción, el mandatario Rodrigo Chaves minimizó la crisis generada por la ola de homicios que ese año alcanzó una cifra histórica (907 casos), argumentando que no se trataba de una crisis real, sino de “malos matándose entre ellos”.
En ese sentido, la moción aprobada también solicita que, a la mayor brevedad, se pidan al Poder Ejecutivo los informes necesarios para esclarecer la serie de hechos sospechosos que sugieren una intención de reducir el combate a la delincuencia por parte de otros órganos de seguridad.
Al respecto, Pilar Cisneros recordó que la actual administración se encargó de instalar escáneres antidrogas en el puerto de AMP Terminals en Limón y que luego del artículo publicado por El Universal, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, pidió un careo en la comisión legislativa de Narcotráfico con el periodista que elaboró el artículo pero le fue negado.
Danny Vargas, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y proponente de la moción, indicó que la investigación es una función propia de dicha comisión y que, al ser una exitativa, el foro decidirá el tiempo que demoraría la indagatoria.
