EscucharLos diputados aprobaron este lunes, en segundo debate, el proyecto que amplía por un año el plazo para que los trabajadores independientes y los patronos puedan solicitar una condonación de deudas por multas, recargos o intereses con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Dicha iniciativa recibió 35 votos a favor y cinco en contra del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD). El plan extiende la prórroga de una ley que originalmente se aprobó en abril del 2022 por un periodo de un año, pero que la CCSS no reglamentó sino hasta diciembre de ese año.
Esta medida se alinea con la Ley 10.232, que permite la condonación de cargas sociales y busca aliviar la situación económica de muchos trabajadores. Además de la CCSS, faculta a cuatro instituciones beneficiarias de las cargas sociales a autorizar la condonación de deudas correspondientes a sus ingresos.
Se trata del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), que recibe el 5% del aporte patronal sobre el salario del trabajador; el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), que capta el 1,5%; el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con el 0,5%; y el Banco Popular (BP), con el 0,25%.
La prórroga entrará en vigor una vez que el Poder Ejecutivo firme la ley. Para que esta medida pueda ejecutarse adecuadamente, la administración de la CCSS debe completar los ajustes necesarios en su sistema informático, los cuales incluyen la incorporación de facturas por servicios médicos y otros requisitos indispensables.
En el 2023, se aprobó una primera prórroga, debido a los problemas que ha tenido la administración de la CCSS para poner en funcionamiento el sistema que permite el perdón efectivo.
De acuerdo con datos de la CCSS, hasta setiembre de este año, 23.092 patronos y trabajadores independientes regularizaron su situación gracias a esta ley. De ellos, 20.456 formalizaron un acuerdo de pago, mientras que los 2.636 restantes optaron por realizar su pago en efectivo.
Johana Obando, diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), afirmó que este marco legal facilita la legalización del trabajo y contribuye a eliminar obstáculos, lo que a su vez mejora la actividad económica.
“Van a poder cotizar, inscribirse bajo el régimen de la CCSS, y acceder a los beneficios que significa. También promueve la economía de esos trabajadores independientes permitiendo que puedan acceder a otro tipo de planes de financiamiento, presentarse legalmente ante otras instituciones y trabajar de una forma legalizada”, aseveró Obando.
