EscucharLos diputados de gobierno y los del Partido Nueva República (PNR) presentaron este martes una consulta de constitucionalidad sobre el Presupuesto Nacional del 2025, bajo el reclamo de que se incluyeron partidas que no tienen contenido económico, entre ellas el aumento de un 2% al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
La gestión lleva la firma de 11 congresistas, de los cuales ocho son oficialistas y tres, del PNR. Pese a la existencia de esa consulta, el trámite del Presupuesto no puede ser detenido, tal como lo advirtió el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), quien recordó que ya la Sala Constitucional ha dicho que, en el caso de proyectos que tienen un plazo de aprobación establecido por la Carta Magna, no pueden ser frenados por una consulta de ese tipo.
“Queremos saber si es constitucional incluir partidas presupuestarias que no tienen contenido económico. ¿Cómo las atendemos?”, respondió Pilar Cisneros, jefa de la bancada oficialista.
Cisneros también confirmó que la consulta fue redactada por la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda, y avalada por la fracción oficialista en pleno (sin el apoyo de Luz Mary Alpízar, diputada del Partido Progreso Social Democrático).
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La oficialista confirmó que una de las partidas que están cuestionando es el aumento de ¢11.000 millones para el FEES y “algunas normas de ejecución presupuestaria que, a nuestro juicio, no proceden, como la que prohíbe al Poder Ejecutivo hacer modificaciones presupuestarias dentro de programas de un mismo título presupuestario”.
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El inciso 3 del artículo 143 del Reglamento de la Asamblea Legislativa establece que, cuando el Congreso tenga un plazo constitucional o reglamentario para votar un proyecto, la consulta debe hacerse con la anticipación debida; añade que “la Asamblea votará el proyecto aunque no se haya recibido el dictamen”.
La votación del Presupuesto Nacional 2025, en su trámite de segundo debate, está prevista para este miércoles 27 de noviembre, pues la Constitución establece que esa ley debe estar aprobada definitivamente antes del 30 de noviembre de cada año. Es decir, que el segundo debate debe darse, a más tardar, el 29 de este mes.
Inicialmente, la diputada Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), había puesto también su firma en la gestión de consulta, pues explicó que le habían dicho que se iba a preguntar por la constitucionalidad de las normas presupuestarias en general. Sin embargo, cuando su asesor revisó el documento, le advirtió de que se trataba de una consulta sobre el Presupuesto Nacional, incluyendo las partidas aprobadas, por lo que retiró su rúbrica. “Es que yo sí estoy de acuerdo con el Presupuesto como fue aprobado”, dijo a La Nación.
Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, aseguró que la gestión de consulta en la Sala IV refleja que el gobierno no tiene ninguna intención de fortalecer estos sectores en el país, ni darles prioridad.
“Estos recursos se dieron precisamente porque ellos no hicieron esfuerzos por fortalecer partidas tan importantes, que deberían ser una prioridad del país. El debilitamiento era tal, que encontramos que no había suficientes recursos para comedores estudiantiles, ni para el transporte escolar, ni para atender becas”, dijo la verdiblanca.
Ramírez lamentó mucho la consulta que hizo el gobierno, pero enfatizó en que, como la norma constitucional establece un plazo de votación del plan de gastos, no se suspende la votación en segundo debate del proyecto de ley.
“Pareciera que hubo una intención de impedir la votación. Tal vez pensaron que lograrían quedarse con el presupuesto tal como ellos lo presentaron. Esto nos da una nueva evidencia de que al gobierno no le interesa la inversión social ni la seguridad de los costarricenses, sino que es totalmente fiscalista y solo se preocupa por mantener cifras para reconocimiento internacional, mientras el país atraviesa una fuerte crisis social”, dijo.
La presidenta de Hacendarios añadió que, al tomar recursos de la partida de intereses, encontraron que había una sobreestimación, para hacer traslado de gasto corriente de un lado a otro, por lo que no crece ni decrece el presupuesto.
Específicamente, las mociones aprobadas en Hacendarios destinan ¢61.000 millones, de los cuales ¢17.000 millones son para el combate a la inseguridad, el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia; ¢26.000 millones para la educación primaria y secundaria, y ¢11.500 millones adicionales para el FEES.
