EscucharDiputados de cuatro bancadas de oposición aceleraron el envío al plenario de un proyecto del Partido Liberal Progresista (PLP) para regular plataformas digitales de transporte como Uber y Didi con el propósito de que se pueda buscar apoyo político para la propuesta.
La iniciativa recibió, la semana pasada, dictamen afirmativo de mayoría en la comisión legislativa de Asuntos Económicos, con el voto de cinco legisladores de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberación Nacional (PLN), Nueva República (PNR) y PLP.
El texto surge como alternativa a otro impulsado por el gobierno que ya fue dictaminado en otra comisión. La intención de los congresistas es que el nuevo proyecto pase lo más pronto posible a discusión al plenario y que no termine engavetado, como ocurrió con otros planteados años atrás.
El plan del PLP propone declarar el servicio de las plataformas como privado colaborativo, regido por el derecho civil, y les invita a crear o utilizar aplicaciones. No reconoce la relación laboral entre empresas y conductores y fomenta la libre competencia, sin limitar el número de vehículos o choferes.
Por el contrario, la propuesta del Ejecutivo define el servicio de plataformas como de interés económico general, excluyendo a los taxis de la categoría de servicios públicos, lo que, según la justificación incorporada al texto, permitiría una competencia más equitativa.
Ambas iniciativas exigen que los conductores se inscriban ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y paguen una póliza de seguro que cubra daños a terceros, así como impuestos de renta y valor agregado (IVA).
También prevén disposiciones fiscales para las empresas, que deben aceptar moneda de curso legal y cumplir con sus obligaciones fiscales.
Diputados afirman que plan tiene viabilidad
Con respecto a la iniciativa del Liberal Progresista, la socialcristiana Vanessa Castro, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos, expresó que la intención del dictamen era que el texto superara pronto el trámite en ese foro y que, una vez ingresado al plenario, se analice su viabilidad.
Monserrat Ruiz, del PLN, sostuvo que la nueva propuesta es la más viable para regular las plataformas que generan numerosos empleos en el país. Indicó que su bancada permite la libertad de voto sobre este plan, lo que genera opiniones a favor y en contra a lo interno.
En tanto, Olga Morera, diputada del PNR, aseguró sin brindar mayor detalle que en varias fracciones existe un ambiente favorable sobre el texto. Consideró crucial aprobar una ley que ha sido esperada por para regular una actividad que genera alrededor de 30.000 empleos en Costa Rica.
En contraposición, el proyecto enfrenta una fuerte oposición del Frente Amplio. La legisladora Sofía Guillén dejó claro en comisión que su partido no apoyará ningún texto que no reconozca la relación laboral entre las empresas y los conductores, a fin de garantizar derechos.
Guillén indicó que en 2023, el Juzgado de Trabajo del Tercer Circuito Judicial de San José sentenció que Uber tiene una relación laboral con sus choferes, al declarar parcialmente con lugar una demanda de un conductor que reclamó el reconocimiento de sus derechos laborales tras trabajar desde 2017 para la empresa.
En la misma línea se manifestó la liberacionista Katherine Moreira, quien abogó por regulaciones que eviten la competencia desleal y el desorden en el transporte público.
Junto con Guillén y Moreira, el oficialista Manuel Morales votó en contra del dictamen afirmativo. El legislador afirmó que la regulación del mercado de transporte no se puede dividir en dos regímenes: uno para los taxis y otro para las plataformas. Esta división generaría una disparidad en un mismo mercado, según indicó.
