EscucharPor unanimidad, los nueve diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminaron afirmativamente un proyecto de ley para regular la ejecución de las penas impuestas a los condenados, tanto en el sistema penitenciario como en el régimen semiinstitucional (cuando la persona sale de la cárcel mediante beneficios condicionados).
Este proyecto, el primero en su tipo, reemplazará el esquema fragmentado actual, en el que alrededor de 10 normas del Código Penal regulan el cumplimiento de las sentencias.
La iniciativa consta de 159 artículos y tres disposiciones transitorias; aborda el proceso restaurativo, la libertad condicional, la capacidad carcelaria para evitar hacinamiento, los procedimientos y plazos, entre otras normas.
El proyecto también establece los deberes de los internos, como la convivencia respetuosa, el mantenimiento de la higiene personal y el cuidado de las instalaciones, al tiempo que aborda los derechos de los privados de libertad, incluyendo acceso a la defensa legal, atención médica, educación, aspectos de la salud sexual y traslados en condiciones adecuadas.
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Parte de su contenido también regula la opción de los privados de libertad a trabajar o estudiar mientras cumplen su condena.
Propone, al mismo tiempo, mejoras en los plazos para el proceso de ejecución de la pena una vez que la persona ha sido condenada:
-Para sentencias de hasta un año de prisión, la valoración inicial para determinar la ubicación del condenado debe realizarse en el primer mes, a partir de su ingreso al sistema penitenciario.
-Para sentencias de entre un y cuatro años, esta valoración debe llevarse a cabo en los primeros dos meses.
-Para sentencias de entre cuatro y doce años, se establecerá un plazo de tres meses.
-Finalmente, para sentencias de más de doce años, el plazo se extenderá a seis meses.
Este marco legal fue consensuado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el objetivo de modernizar y unificar la normativa relacionada con la ejecución de penas en el país.
Gilbert Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la comisión de Seguridad y Narcotráfico, señaló que la legislación en discusión es integral y compila las normas del Código Penal, así como reglamentos y decretos que regulan la ejecución de la pena.
“Hay un respeto al proceso de rehabilitación y reinserción a la sociedad; ya no será una medida unilateral”, afirmó Jiménez, quien aseguró que los cambios en la ejecución de la pena, en la actualidad, pueden ajustarse mediante decreto, lo que genera incertidumbre.
