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A raíz de las advertencias de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la abertura de un portillo para las contrataciones a dedo y sin fiscalización, los diputados analizan la opción de eliminar la posibilidad de construir obra pública en el proyecto de ley que reformaría el sistema de contratación pública.
Se trata del expediente legislativo 24.215, impulsado por el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, propuesta que ha generado preocupaciones en el ente contralor.
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Luego de su aprobación en primer debate, todavía con normas cuestionadas por la contralora general, Marta Acosta, 43 diputados aprobaron la retrotracción de la propuesta al primer debate, con el objetivo de hacerle cambios de fondo.
Específicamente, el proyecto modifica la Ley General de Contratación Pública, para exceptuar de los controles no solo las contrataciones de la Cruz Roja Costarricense, sino también los “acuerdos de costo compartido celebrados con otros Estados, organizaciones internacionales o sujetos de derecho internacional público”.
Consultados sobre las mociones de fondo que están discutiendo las fracciones, Óscar Izquierdo confirmó que uno de los escenarios que está en discusión es el de excluir la construcción de obra pública de la posibilidad de contratos de cooperación, cuando son de costo compartido y, por ende, de necesaria fiscalización.
No obstante, el jefe liberacionista apuntó que, por respeto al proceso de negociación con las demás jefaturas de fracción, prefería no ahondar en los detalles de las mociones que se podrían estar generando.
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La idea es realizar modificaciones de consenso en el proyecto, fundamentalmente para recoger las observaciones de la Contraloría. “Yo busqué los votos de las fracciones para la retrotracción del proyecto, con esa intención. Estamos analizando diversos escenarios, de un contexto donde confluyan los diferentes puntos de vista”, dijo Izquierdo.
El verdiblanco apuntó que todavía no hay nada en firme y alegó que durante todo el trámite legislativo del expediente 24.215 se han considerado los señalamientos del ente contralor.
“La Contraloría ha manifestado, en algunas reuniones, estar de acuerdo con las propuestas, pero luego da un paso atrás, lo que ha dificultado el trámite. Confío en que la propuesta final cubra todos los aspectos señalados, reforzando aún más el rol de fiscalización, que nunca ha estado en duda con este proyecto”, dijo Izquierdo.
Después de que los diputados votaron el proyecto en primer debate, el jueves 27 de marzo, la contralora general envió una nota urgente, reiterando que la iniciativa permitiría las contrataciones a dedo.
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La versión del proyecto que se discutió en la Comisión de Sociales, en febrero, establecía la exclusión, de las normas de contratación pública, de los “acuerdos de costo compartido celebrados con otros Estados, organizaciones internacionales o sujetos de derecho internacional público”.
La versión ya aprobada en primer debate cambia la categoría de exclusión a excepción, es decir, que dichos acuerdos de costo compartido estarían exceptuados de las normas de contratación. Eso es precisamente lo que mantiene las dudas de la CGR y el criterio de que el riesgo persiste.
“El criterio de la Contraloría ha sido consistente en señalar que las compras que realiza el Estado con fondos públicos deben ser tramitadas bajo las reglas de la Ley General de Contratación Pública, por lo que la propuesta del texto base y el texto sustitutivo es contraria al artículo 182 de la Constitución”, dijo la contralora Acosta en su carta.
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“Si bien la reforma exceptúa de los procedimientos de licitación la contratación con sujetos derecho público internacional, en lugar de excluirlos totalmente de la Ley de Contratación Pública, ley 9986 (como se pretendía en la propuesta original), aún se mantienen serios riesgos advertidos respecto a la contratación de obra pública sin concurso, como incluso indica la Constitución Política y sin que el órgano contralor pueda ejercer plenamente su fiscalización”, puntualizó.
En aquella nota, la contralora recordó que ha enfrentado, en ocasiones anteriores, “la constante negativa de algunos sujetos de derecho público internacional para atender solicitudes de información sobre la utilización de fondos públicos, bajo el argumento de privilegios o inmunidades de que gozan esos sujetos, lo que ha impedido sensiblemente la fiscalización”, como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
