Diputados de cinco partidos políticos fustigaron las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, quien dijo que el Presupuesto Nacional del 2025 es un “anteproyecto” y que, si los diputados lo desean, pueden disponer de más fondos para aumentar el número de policías.
Así lo manifestó Zamora a La Nación después de confirmar que el Poder Ejecutivo no previó recursos para la apertura de más plazas policiales el próximo año.
“Es la más absoluta irresponsabilidad que la decisión del gobierno sea no contratar más policías en un ambiente como el que estamos viviendo en este país. Da la impresión de que al gobierno le sirve la inseguridad, le sirve la inestabilidad. El ministro es abogado, pero habrá que devolverlo a noveno del colegio para que lleve Cívica, porque lo que presenta el gobierno no es un anteproyecto, es un proyecto de ley, es su propuesta”, criticó Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP).
Para Feinzaig, el gobierno de Rodrigo Chaves está “jugando con fuego”, ya que retira recursos a la educación, la cultura y el deporte, pero no destina más fondos al combate de la inseguridad. “Es de lo más irresponsable que he visto en muchísimo tiempo”, acotó.
El Presupuesto del 2025 prevé 16.278 plazas en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), incluyendo 300 que los diputados agregaron el año pasado mediante una asignación presupuestaria adicional. No obstante, el ministro aclaró que, en realidad, hay 15.000 oficiales en planilla y no se prevé incrementar la cifra.
El legislador Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), también fustigó las declaraciones de Zamora. En su opinión, el ministro demostró ignorancia con respecto a la Constitución Política y el presupuesto de la República. El artículo 177 constitucional establece que la preparación del proyecto ordinario de Presupuesto de la República corresponde al Poder Ejecutivo y el 178 que la Asamblea Legislativa debe aprobarlo a más tardar el 30 de noviembre.
“Lo que tenemos en las manos no es un anteproyecto de presupuesto, es el proyecto de presupuesto debidamente elaborado por el Ministerio de Hacienda. La formulación le corresponde al Poder Ejecutivo, el presidente Chaves y sus ministros; que no se venga a quitar responsabilidad el señor ministro, es el gobierno el que decide no incorporar plazas nuevas para policías, es una decisión exclusiva del presidente Rodrigo Chaves”, declaró el frenteamplista.
“Siempre hay otro culpable, o la Asamblea Legislativa, o el Poder Judicial, o los medios de comunicación, siempre hay alguien para no hacerse cargo de sus responsabilidades. Para no decirle a la ciudadanía que decidieron no poner más policías, entonces inventan culpables, aunque vaya en contra de la Constitución Política”, explicó el congresista.
De acuerdo con el diputado, la regla fiscal permitía que el presupuesto del Ministerio de Seguridad creciera hasta un 3,75%, pero fue decisión del Poder Ejecutivo que aumentara solo un 0,4%. “Es una decisión política”, reafirmó.
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La diputada liberacionista Paulina Ramírez, quien es presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios (encargada de analizar el presupuesto), aclaró que la formulación del presupuesto y la definición de prioridades es responsabilidad del gobierno central, no del Poder Legislativo.
Agregó que, en el 2023, los diputados buscaron recursos para financiar 300 plazas adicionales de policías este año, pero lo hicieron “por la ausencia de prioridades por parte del gobierno”.
“El año pasado se le asignaron más de ¢21.000 millones a todo el sistema de seguridad, que incluye a Seguridad Pública, Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y Poder Judicial, pero me parece muy irresponsable por parte del gobierno central no haber definido una prioridad”, expresó la legisladora.
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El diputado Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), coincidió en criticar al gobierno por no definir prioridades en los temas que más aquejan a los costarricenses, ya que no hay una ruta clara en seguridad, pero tampoco en educación.
“Es una falta de respeto por parte del Ejecutivo decir que la corresponde a la Asamblea Legislativa decir si pueden contratar más policías o no. El presupuesto de la República es una autorización de gasto que envía el Ministerio de Hacienda; nosotros podemos cambiarlo, pero, para ponerle más recursos a policías, tenemos que rebajar alguna otra partida. Por lo que veo, no hay ruta de educación ni ruta de seguridad; entonces nos tiran las culpas a nosotros”, declaró Pacheco.
El ministro Mario Zamora declaró a La Nación el 24 de setiembre que el gobierno no contratará más policías porque prefiere favorecer un criterio cualitativo antes que uno cuantitativo. “Muchos colegas nos han dicho: ‘es mejor una policía pequeña y eficiente, y no masiva y fuera de control’”, manifestó el jerarca.
Finalmente, el diputado José Pablo Sibaja, del Partido Nueva República (PNR), se sumó al malestar al decir que no entiende el discurso del presidente.
“Mientras un día habla de la urgencia de más y mejor seguridad, hoy con las declaraciones del ministro demuestra que la seguridad no es una prioridad para su gobierno. El presidente dijo que la sangre de las víctimas correría por las manos de los diputados, pero hoy con estas acciones vemos que quien tiene las manos manchadas de sangre no somos nosotros, es el presidente Rodrigo Chaves”, afirmó Sibaja.
La Constitución Política en su artículo 140, inciso 15, también establece que es deber del presidente de la República y cada ministro enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Presupuesto Nacional cumpliendo con todos los requisitos.
Asimismo, el artículo 179 indica que el Congreso no puede aumentar los gastos propuestos por el Ejecutivo si no señala los nuevos ingresos que hay para cubrirlos.