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Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron, este miércoles, una moción para impedir que el Ministerio de Justicia utilice una partida de ¢2.700 millones en la instalación de las polémicas cárceles de carpas.
El gobierno incluyó el rubro en el Presupuesto Nacional del 2025 bajo el título de construcción de módulos de baja contención en los centros penales, lo que despertó dudas entre los legisladores.
En vista de que el Ministerio de Justicia había tratado de financiar las prisiones de carpas en el V presupuesto extraordinario de este año, con otra partida de ¢2.684 millones, el diputado frenteamplista Jonathan Acuña presentó una moción para cerrar toda posibilidad de que se utilice este nuevo rubro para financiar esta idea cuestionada por razones de seguridad y derechos humanos.
La modificación avalada en Hacendarios, con el voto unánime de los once congresistas presentes, establece que los recursos solo podrán utilizarse en la construcción de cárceles de concreto.
En julio pasado, trascendió que el gobierno tenía la intención de instalar cárceles de carpas, idea que fue rechazada vehementemente por el exviceministro de Justicia, Exleine Sánchez Torres.
Sánchez calificó la intención como un grave error y una decisión alejada de una posición sensata. Posteriormente, trascendió que el ministro de Justicia, Gerald Campos, se había reunido con una empresa española que le ofreció carpas y hasta visitó las instalaciones de la compañía en Zaragoza, España.
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A raíz de una consulta de La Nación, el Ministerio de Justicia respondió que las estructuras de baja contención citadas en el Presupuesto del 2025 cumplirán con los principios de instalaciones e infraestructura moderna en concreto estructurado, sin disminuir la cantidad de acero de refuerzo requerido y sujeta al cumplimiento de la normativa de Derechos Humanos en materia de infraestructura penal.
Agregó que los módulos de baja contención no se definen por el material constructivo, sino por el tipo de población privada de libertad que los utiliza.
