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Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios rechazaron este miércoles una propuesta del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para destinar $60 millones de un crédito por $500 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), al abono de la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Alejandro Pacheco, legislador socialcristiano, presentó una moción para que el Ministerio de Hacienda traslade a la CCSS el 12% de la totalidad de los recursos del empréstito. Sin embargo, luego de dos votaciones empatadas 5 a 5, la propuesta quedó desechada en forma automática.
El grupo que adversaba la propuesta alegó una imposibilidad legal y constitucional para realizar la modificación, pese a que el departamento de Servicios Técnicos del Congreso aclaró que el cambio sí era procedente, porque no se realiza directamente al contrato suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el BIRF, ente que integra el Banco Mundial.
La propuesta contó con el respaldo de Pacheco y Carlos Felipe García del PUSC, así como de los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Paulina Ramírez, Sonia Rojas y José Joaquín Hernández.
Votaron en contra Pilar Cisneros y Ada Acuña, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), así como Gilbert Jiménez (PLN), Pablo Sibaja (Partido Nueva República) y Eliécer Feinzaig (Partido Liberal Progresista).
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¿Qué planteaba la moción?
La moción de Pacheco planteaba modificar la redacción del artículo 2 del proyecto de ley que acompaña el contrato del crédito, para especificar que el 88% del préstamo se utilizará exclusivamente en el pago del servicio de la deuda y el restante 12% para armotizar la deuda del Estado con la CCSS.
En la versión original del expediente 24425, el texto simplemente señala que “los recursos del financiamiento serán utilizados exclusivamente” para lo dispuesto en el contrato.
Al respecto, Luis Paulino Mora, asesor de Servicios Técnicos del Congreso, explicó que el crédito habla en términos genéricos del uso de los recursos para el pago de deuda. “Por eso se podría utilizar para la CCSS, porque es justamente deuda que tiene el Estado Central con una institución”, manifestó.
La diputada Cisneros cuestionó el criterio de Mora. Afirmó que lo externado por el funcionario contradice el informe que el mismo departamento de Servicios Técnicos emitió sobre el proyecto de ley.
Argumentó que en el documento limita las potestades del Congreso a “únicamente” aprobar o improbar el empréstito, “sin que sea constitucionalmente válido modificar o enmendar el contrato” negociado por el Poder Ejecutivo.
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Ante los señalamientos de la legisladora, Mora negó que existiera una contradicción. Respaldó lo mencionado en el informe, en el sentido de que la Asamblea Legislativa no puede cambiar el contrato, pero defendió que los congresistas sí pueden modificar las normas de aplicación, cuando estas no contravengan las disposiciones acordadas.
Por su parte, la oficialista Ada Acuña externó al foro la oposición del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por el impacto que tendría la medida en el Presupuesto Nacional.
“El ministro de Hacienda está escuchando esta conversación y nos indica que en este empréstito no se puede hacer una modificación singular del presupuesto, porque se estarían agregando gastos sin ingresos adicionales certificados por la Contraloría General de la República.
“(Indica el ministro) que los préstamos de apoyo presupuestario como el del BIRF, no aumentan el presupuesto, sino que son un cambio de la fuente de los recursos”, reseñó Acuña.
Dudas por futuro del crédito
Los diputados José Pablo Sibaja y Joaquín Hernández reconocieron sentirse indecisos sobre si respaldar o no la iniciativa del PUSC, en vista de que Acosta sepultó un crédito de $400 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), luego de que los legisladores aprobaron una moción para destinar un 15% de los recursos al abono de la deuda con la CCSS.
“Lo que no quiero es que en este caso suceda algo similar al último crédito; que no se tome el crédito por estas diferencias, porque al final al que estoy perjudicando es al país, independientemente que quiera favorecer a la CCSS”, expresó Hernández.
Por su parte, la presidenta de Hacendarios, Paulina Ramírez, no descartó que se vuelva a presentar otra moción, pero esta vez para tomar un10% de la totalidad de los recursos, como ha sido la práctica usual de la Asamblea Legislativa desde el año 2020.
