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Diputados de cuatro fracciones repudiaron, este martes, los ataques lanzados por la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, y el oficialismo contra el fiscal general de la República, Carlo Díaz, por la investigación sobre un presunto sobreprecio en contratos otorgados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para administrar 138 Ebáis.
En medio de un debate improvisado en el plenario del Congreso, legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA) y Liberal Progresista (PLP) achacaron ignorancia a la bancada de gobierno y a Fernández sobre el proceso de investigación del denominado Caso Barrenador.
“¿Cómo una ministra se atreve siquiera a cuestionar lo que hace un fiscal que tiene dentro de sus funciones investigar los delitos de acción pública?”, reclamó Kattia Cambronero, del PLP, quien consideró gravísimo que la bancada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y la Presidencia no entiendan la función del jefe del Ministerio Público.
La liberacionista Dinorah Barquero manifestó que la Fiscalía no merece críticas, sino un extenso aplauso del plenario, porque “está sacando adelante la tarea de defender este país”. En tanto, el también verdiblanco Gilberth Jiménez señaló que la ministra de la Presidencia irrespeta la división de poderes con los ataques lanzados contra el fiscal.
Todos estos señalamientos comenzaron luego de que el diputado Alexánder Barrantes, del PPSD, manifestara que las detenciones de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, y de otras siete personas vinculadas al Caso Barrenador son el banderazo de salida de una campaña electoral realizada por Díaz.
El pasado lunes, la Fiscalía confirmó que investiga a los ocho detenidos por los posibles delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública. En el expediente se indaga un aparente sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en los contratos adjudicados por la CCSS a cuatro cooperativas y una asociación médica por 10 años.
Además de Esquivel, por este caso fueron capturados María de los Ángeles Gutiérrez, gerenta general interina de Caja; los directivos Zeirith Rojas Cerna, Johnny Gómez Pana y María Isabel Camareno Camareno, y los exdirectivos Roberto Quirós Coronado, Jorge Porras López y Jorge Luis Araya Chaves.
“El fiscal hizo un show mediático con enanos incluídos (...). Doña Marta es perseguida por el auditor de la Caja, por los sindicatos y por el fiscal (...). Deje de intimidar a quienes vienen trabajando. Ayer (lunes) usted le dio un banderazo a la campaña electoral tratando de ayudar a algunos políticos que se encuentran acabados”, aseveró Barrantes.
Sus palabras generaron acalorados reclamos contra el oficialismo y la ministra de la Presidencia, quien en un video divulgado el pasado lunes calificó el operativo realizado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) como “un abuso de poder” y como “una amenaza clara de la Fiscalía al gobierno”.
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Sostuvo que la adjudicación de los contratos para administrar los Ebáis apenas está en revisión de la Contraloría General de la República (CGR) y no se ha pagado ni un solo colón. “¿Por qué la Fiscalía no los citó por escrito en lugar de detenerlos mediáticamente, haciendo uso de un sensacionalismo innecesario?”, preguntó Fernández.
Al respecto, la frenteamplista Rocío Alfaro sostuvo que abuso de autoridad es lo que han hecho Marta Esquivel “y sus compinches en la Caja”. Señaló que decidir contra los criterios técnicos que advertían sobre costos excesivos en los contratos para administrar los Ebáis sí es extralimitarse, y no lo que hace Carlo Díaz.
“Se animan incluso a gritar ‘golpe de Estado’, incitan al odio contra el Poder Judicial, la Fiscalía y el OIJ. ¡Qué irresponsables, en plena lucha contra el narcotráfico!”, reclamó Alfaro.
Gloria Navas: ‘Estoy sorprendida de la ignorancia del oficialismo’
El pasado lunes, la diputada independiente Gloria Navas había calificado de “sandeces” las manifestaciones hechas por la ministra Fernández con respecto al procedimiento seguido por la Fiscalía. No obstante, este martes la abogada penalista fue mucho más severa en sus señalamientos.
“Realmente estoy sorprendida de la ignorancia que tiene el oficialismo sobre el derecho. La acusación viene formalmente cuando se termina la investigación, se da audiencia, se eleva a juicio. Las etapas están más que definidas”, indicó.
También aclaró que el hecho de que la presidenta ejecutiva de la CCSS fuera trasladada, el pasado lunes, en un vehículo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desde Pérez Zeledón hasta los tribunales de San José es parte del procedimiento establecido por la ley para trasladar a personas imputadas y presentarlas ante la justicia.
Por su parte, la legisladora Sofía Guillén dijo que el FA considera que la Fiscalía está haciendo su trabajo y que no es de recibo que una fuerza política crea que luchar contra la corrupción es campaña electoral o intimidación.
“Ustedes decían en campaña, compañeros del oficialismo, que iban a premiar a quienes denunciaran la corrupción. Pues será la corrupción de otros, porque la de ustedes no les gusta y dicen que es intimidación”, aseveró.
Carlos Felipe García, legislador del PUSC, señaló que al igual que la ministra de Educación, Anna Katherina Müller, dijo que Costa Rica no es un país donde los estudiantes universitarios agreden a una jerarca, tampoco debe ser el país donde se lancen amenazas de bomba en la Fiscalía General o amenazas de muerte al presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias.
Este martes, el Ministerio Público confirmó haber recibido una amenaza de bomba un día después de los allanamientos relacionados con el Caso Barrenador. Además, trascendió que en redes sociales circula un video con amenazas de muerte contra el fiscal general y el jerarca del Congreso.
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García recordó que, a diferencia del gobierno de Rodrigo Chaves y sus diputados, cuando en 2004 el expresidente Miguel Ángel Rodríguez fue esposado bajando del avión como parte de una investigación del caso ICE-Alcatel, el PUSC no le echó la ciudadanía encima de la Fiscalía, sino que confió en el debido proceso.
Por su parte, Johana Obando, legisladora del PLP, calificó las palabras de Laura Fernández como espeluznantes pues consideró que atentan contra la división de poderes.
