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Los diputados se comprometieron a enmendar un proyecto de ley que, después de los cambios aprobados por los propios legisladores, se convirtió en una propuesta inconstitucional y que afectaría el sistema de fiscalización del financiamiento de los partidos políticos.
Se trata del expediente 23.883, impulsado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con el objetivo original de mejorar el acceso de las agrupaciones al financiamiento, así como el control de parte del órgano electoral.
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Sin embargo, en manos de los integrantes de la Comisión Especial de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa, perdió su sentido y, más bien, se convirtió en una propuesta riesgosa para el sistema de financiamiento electoral.
Eso sucedió cuando los diputados eliminaron la obligación vigente de que los partidos repongan sus libros contables de manera inmediata, en caso de extravío.
Adicionalmente, en esa misma comisión, la cual preside Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), los legisladores desaparecieron la obligación legal, también vigente actualmente, de que los partidos presenten sus estados financieros cada mes durante el periodo de la campaña electoral. Adicionalmente, eliminaron la sanción para las agrupaciones que incumplan ese mandato legal.
Cuando el TSE se dio cuenta de que los diputados habían hecho esas dos modificaciones, advirtió de que los cambios tornaron el proyecto en inconstitucional, y enfatizaron en que afectaría significativamente el sistema de fiscalización, así como los principios de transparencia y publicidad.
El órgano electoral objetó el proyecto de ley, lo que implica que la Asamblea Legislativa solo pueda aprobarlo si consigue una mayoría calificada de 38 votos.
Adicionalmente, los diputados eliminaron la iniciativa para incluir un mecanismo de financiamiento público indirecto, que era medular en el proyecto original, con el objetivo de disminuir la inequidad del sistema de financiamiento de partidos.
Ese mecanismo era el de establecer que un 20% del monto de la contribución estatal sería indirecto, libre de restricciones previas para que los partidos pudieran acceder a él, salvo a través de la verificación de una efectiva participación en las elecciones.
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Compromiso de enmienda de los diputados
Luego de que el TSE lanzó sus advertencias contra el proyecto, tal como lo afectaron los congresistas, la única manera de enmendarlo es en el plenario, a través de mociones de fondo, retrotrayendo la iniciativa al trámite anterior al primer debate.
Para eso, los congresistas aprobaron el proyecto en primer debate, el viernes 28 de marzo, y aprobaron la retrotracción, días después, con el fin de presentar las mociones de fondo necesarias para arreglar sus propios errores.
En el plenario, después de la primera votación, Fabricio Alvarado aseguró que se había reunido con la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, y que de ese encuentro salió una propuesta de enmienda.
“También hago un paréntesis acá para evitar que, de pronto, cierto sector de la prensa que a veces sale y dice cosas que no son, después diga que aprobamos un proyecto a pesar de las objeciones del Tribunal. Quiero que sepan que, precisamente de esa reunión, salió la propuesta que estaremos conversando con las diferentes fracciones”, dijo.
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Eso sí, en el plenario, Alvarado solamente hizo referencia a las dos modificaciones más peligrosas de las que advirtió el TSE, y no a la que eliminó el mecanismo de financiamiento indirecto.
En declaraciones a La Nación, el diputado aseguró que esa parte la están negociando a través de un proyecto de ley independiente, que se tramitaría a través de otro expediente, y que “ya está prácticamente consensuado”.
“El TSE puede contar con la comisión para lograr aprobar este importante instituto. La idea es dictaminar en no más de dos semanas”, afirmó.
