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Tres de las ocho personas investigadas por un aparente sobreprecio en contratos otorgados por la CCSS a cooperativas para la administración de 138 Ebáis, declararon este jueves de forma voluntaria ante el Juzgado Penal de Hacienda, durante la audiencia para determinar si se dictan medidas cautelares contra los sospechosos.
Se trata de María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, gerenta general interina de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), así como de Johnny Gómez Pana, miembro de la Junta Directiva de esa institución, y del exdirectivo Jorge Luis Araya Chaves.
El abogado Rodrigo Araya Solano, quien representa al exdirectivo Jorge Porras López, indicó que los sospechosos ejercieron su derecho para explicar las complejidades del proceso de contratación que está bajo la mira de la Fiscalía.
“En el ejercicio de su derecho de defensa, los denunciados han decidido declarar y de viva voz, exponerle al juez cuáles han sido los fundamentos que tuvieron para tomar las decisiones en cuanto a esta licitación. Es un derecho que tienen, lo pueden ejercer en cualquier momento”, aseveró el jurista.
Gómez, representante patronal ante la Junta Directiva de la CCSS, y Araya, exdirectivo de esa institución y actual director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), usaron la palabra en horas de la mañana.
Por su parte, Gutiérrez empleó la mayor parte de la tarde para hacer su presentación.
José Luis Corrales, abogado de Araya Chaves, confirmó a La Nación que su representado fue uno de los que ya brindó declaración. “Él manifestó su plena confianza y respeto por la institucionalidad al sistema y proceso”, agregó el defensor.
Rodrigo Araya explicó que no se puede controlar la duración de las declaraciones de los sospechosos y que estas tienen que ser detalladas porque son temas muy técnicos.
“Estamos hablando de temas de costos, de precios. Ellos se van a tomar el tiempo necesario para explicar al juez los motivos de su decisión, que por supuesto no va a ser nunca querer perjudicar al Estado”, mencionó el abogado.
La audiencia de medidas cautelares seguirá por cuarto día consecutivo este viernes a partir de las 8:30 a. m. Continuarán con sus declaraciones Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS, y Roberto Quirós Coronado, exdirectivo por parte de los patronos. Los restantes imputados que no han usado la palabra también podrían hacerlo.
Al respecto, Quirós expresó que aprovechará el espacio para hacer una rendición de cuentas “a la justicia y a los administrados de cuál ha sido la actuación de uno, en pos del cumplimiento del interés público de la institución, que no son los costos, es la salud de los costarricenses y sobre eso nos vamos a enfocar”.
En caso de que este viernes no se logre finalizar con la participación de los abogados defensores, la audiencia se retomaría el próximo lunes 30 de setiembre. Una vez concluida la presentación de los abogados, el Tribunal decidirá si acoge o no las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
En el caso de Esquivel y de los directivos Johnny Zeirith Rojas Cerdas e Isabel Camareno Camareno, la Fiscalía solicitó la inhabilitación del cargo por un lapso de seis meses, mientras continúan las pesquisas en el denominado caso Barrenador.
El pasado lunes, el Ministerio Público confirmó que investiga a ocho personas por los posibles delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
En el expediente se indaga un aparente sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en los contratos adjudicados por la CCSS a cuatro cooperativas y una asociación médica para la adminstración de 138 Ebáis por 10 años.
