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“Se considera un modelo opaco, clandestino y oscuro, del que nunca se informó al órgano electoral para el respectivo ejercicio de fiscalización y revelación oportuna ante el electorado”. Así describió el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a la segunda estructura paralela de financiamiento que benefició a la campaña del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves, de previo a las elecciones del 2022.
Se trata de recursos que se movilizaron a través de las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, hija del diputado de gobierno Waldo Agüero, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Ella se encargó de coordinar la agenda de Chaves durante parte del 2021.
La totalidad de esos recursos fueron aportados por el banquero Jack Loeb, según el TSE.
El TSE detectó que por las cuentas de Agüero, tanto en el Banco Nacional (BN) —como en su momento reveló La Nación— como en la Cooperativa Nacional de Educadores R. L. (Coopenae), fluyeron miles de dólares para promover la campaña de Rodrigo Chaves y de Waldo Agüero.
Tras revisar los movimientos bancarios de ambos, el órgano electoral detectó “varios de interés, como el pago de pauta político-electoral en Facebook, televisión, vallas y adquisición de signos externos”.
El órgano electoral determinó que, mediante las cuentas bancarias de Sofía Agüero, se movieron ¢136 millones “para potenciar al PPSD en las elecciones nacionales del 2022 y, en particular, para favorecer las candidaturas de los señores Chaves Robles y Agüero Sanabria”.
A esa conclusión llegó el órgano electoral en el informe final emitido por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos sobre la campaña de Chaves. El documento fue secuestrado por el fiscal general, Carlo Díaz, a mediados de enero pasado. Este diario tiene una copia.
