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La Procuraduría General de la República (PGR) estimó en ¢413 millones el daño social y material provocado por el excandidato presidencial y exdiputado Óscar López Arias, acusado por presuntamente estafar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con el Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), en la campaña presidencial del 2010.
Ese fue el monto solicitado este miércoles por la PGR, el abogado del Estado, al iniciar el juicio en el Primer Circuito Judicial de San José, donde también figura como imputado el notario y exmiembro del PASE, Gerardo Eugenio Ruín Céspedes, a quien se le atribuyen 50 aparentes delitos de falsedad ideológica.
López enfrenta esta causa penal desde el 2012, pero en el 2023 se abrió un nuevo expediente para el exdiputado, quien cuenta con discapacidad visual, luego de que la Sala Constitucional determinara que a López se le vulneró su derecho de defensa porque el expediente original no se elaboró en un formato accesible a su condición.
Sentencia previa
La exdiputada y exesposa de López, Rita Chaves, formaba parte de la causa abierta en el 2012 por haber estafado al TSE, mediante supuestos cobros indebidos de contratos de alquiler de vehículos y acceder a un mayor monto de la deuda política, hechos que cometió como tesorera del PASE. En junio del 2023, fue condenada a ocho años de cárcel por un delito de estafa mayor y otro de uso de documento falso.
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La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) señaló que el partido facturó arrendamientos de carros que se ofrecieron a sus miembros de forma gratuita, o por los cuales se pagó menos dinero que el consignado en los contratos presentados al órgano electoral.
El cuestionamiento de la Fiscalía se enfocó en decenas de contratos que, al parecer, se firmaron para movilizar militantes durante la campaña del 2010 a las asambleas distritales de la agrupación, en el proceso de renovación de las estructuras.
