EscucharMónica Araya, expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), se negó este jueves a contestar preguntas de los diputados sobre la póliza de responsabilidad civil que el Ministerio de Hacienda pretende contratar a la aseguradora estatal para proteger al presidente Rodrigo Chaves y sus ministros frente a posibles demandas por actuaciones negligentes en el ejercicio de sus funciones. Justificó su silencio en una comunicación que recibió de un funcionario judicial sobre la existencia de una investigación de la Fiscalía en la que ella aparece, presuntamente, como testigo.
Durante una audiencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, la exjerarca no quiso indicar el nombre del funcionario, ni su cargo.
“Lo único que podría decir es que, por medio de un funcionario del sector judicial, se me ha informado que se me va a estar llamando (a declarar), no se me ha llamado oficialmente todavía, y que efectivamente hay una causa con relación a la investigación de la póliza”, argumentó la exfuncionaria.
Araya afirmó que será en el proceso de investigación a cargo del Ministerio Público, “donde verteré, ampliaré y aclararé las circunstancias de los hechos y acontecimientos conocidos por la suscrita”.
La Fiscalía indicó a La Nación que actualmente tiene abierta la causa 24-000087-0033-PE, producto de una denuncia que ingresó por el aparente delito de fraude de ley en la función pública. El caso se encuentra en la etapa de recolección y análisis de prueba.
“En la causa se denunciaron aparentes recortes presupuestarios a instituciones públicas, así como desviación de fondos públicos para pagar una póliza o seguro de responsabilidad civil en beneficio personal de ministros, viceministros y el propio presidente”, señaló la oficina de prensa del Ministerio Público.
Servicios Técnicos: No se pueden abstener sin haber escuchado las preguntas
Rebeca Araya Quesada, asesora de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, aclaró a la comisión que el derecho de abstención tiene que ver con la posibilidad de las personas de no declarar contra sí mismos o contra sus familiares, cuando consideren que sus manifestaciones podrían acarrear una afectación penal.
“Es la existencia del perjuicio, o la posibilidad del perjuicio, el marco en el que funciona la garantía y no es, entonces, la mera existencia de un proceso penal o una investigación penal lo que debe general la abstención”, agregó la funcionaria.
Igualmente, la asesora afirmó que no es posible justificar la abstención de manera general y a priori, cuando ni siquiera se han escuchado las preguntas de los diputados. “Esa es una valoración que debe realizar el compareciente para cada una de las consultas que le planteen los legisladores, porque así va a poder valorar si el responderla podría perjudicarlo a usted o a algún familiar”, destacó.
Al principio de la sesión, Mónica Araya rechazó que, durante sus dos años de gestión, haya promovido, recomendado, gestionado, aprobado o autorizado la póliza que el INS ofertó al Ministerio de Hacienda el 7 de octubre (mediante el oficio DCCE-10317-2024).
La prima anual del seguro que quiere el Gobierno le costará ¢248.391.706 al Estado y cubre la responsabilidad civil del presidente, sus vicepresidentes, ministros y viceministros hasta por $500.000.
El Ministerio de Hacienda inició la contratación a mediados de julio, mediante un proceso de excepción entre entes de derecho público que le permite contratar directamente al INS, sin necesidad de realizar un concurso público para escoger entre distintos oferentes.
El trámite está frenado, a la espera de que la Procuraduría General de la República (PGR) responda una consulta de Hacienda sobre la legalidad de la contratación.
La póliza cubriría a 65 jerarcas del Poder Ejecutivo. Además, extendería la protección a funcionarios retirados por pensión o cambio de puesto, siempre que el reclamo esté relacionado con funciones ejercidas durante su cargo y que la póliza esté vigente. La cobertura también incluye automáticamente a nuevos funcionarios en los cargos designados.
