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El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, respondió al gobierno que el Ministerio Público “seguirá atacando la criminalidad y la corrupción sin distinción de la persona que aparentemente cometió el delito”.
Así se pronunció después de que la ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, dijo que los allanamientos sobre la CCSS por un presunto sobreprecio millonario en contratos adjudicados a cooperativas para la operación de 138 Ebáis, son una “clara amenaza” de la Fiscalía para el gobierno y un “abuso de poder”.
Díaz le dijo: “No se puede hablar de un abuso de poder o de autoridad cuando se cuenta con una serie de pruebas que, con suficiente grado de probabilidad, sostiene la existencia de hechos delictivos, ni cuando nuestras peticiones están avaladas por la figura de un juez de garantías”.
“El Ministerio Público no dejará de cumplir con su deber por miedo a discursos agresivos”.
— Carlo Díaz, fiscal general de la República
También declaró que en 49 años de ejercer la acción penal en este país, el Ministerio Público ha sido testigo de que “a muchos sectores o grupos de poder les incomoda el trabajo objetivo que hacemos, principalmente cuando perseguimos delitos conocidos como de cuello blanco o de criminalidad organizada”.
Aclaró que la Fiscalía se ampara en sus competencias para hacer lo que le corresponde como órgano auxiliar de la justicia y que cumple la ley y respeta los derechos de las partes. “Nuestras acciones no pretenden dar un mensaje intimidatorio, como sí se desprende del emitido por la representante del gobierno. Nuestras acciones son propias de un Estado de Derecho, donde se investiga sin distinción a cualquier persona al amparo de las leyes y de la Constitución Política”, declaró Díaz desde Atenas, Grecia, adonde viajó para participar en la International Drug Enforcement Conference, de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Asimismo, agregó que el Ministerio Público no dejará de cumplir con su deber por miedo a discursos agresivos, amenazas solapadas o directas provenientes de cualquier persona. “Reiteramos que las discusiones sobre las calificaciones jurídicas o probatorias y demás detalles del caso, las haremos donde corresponde: en los Tribunales de Justicia”, dijo el fiscal general.
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