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La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) allanó este lunes la casa de Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en barrio La California, San José, como parte de una investigación por un presunto sobreprecio millonario en la adjudicación de contratos a cooperativas para la operación de Ebáis.
Esquivel no estaba dentro de la casa cuando llegó la FAPTA junto con policías de la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Sin embargo, posteriormente fue detenida cuando ella acudió a la delegación del OIJ en Pérez Zeledón.
En tanto, el Ministerio Público confirmó que ya detuvo a ocho altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta Directiva de la CCSS. Además de Marta Esquivel, las autoridades confirmaron la detención de una mujer de apellido Gutiérrez, así como de seis hombres apellidados Gómez, Camareno, Araya, Porras, Rojas y Quirós.
La acción judicial incluye 28 allanamientos, uno de ellos en la sede central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en San José. Las pesquisas versan sobre los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
El presunto sobreprecio de ¢12.400 millones para la CCSS
Según informó la FAPTA, la Junta Directiva de la Caja se arrogó del conocimiento de un concurso público para la administración de 138 Ebáis.
“Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y, en su lugar, instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas”, indicó la Fiscalía.
Lo habrían hecho a pesar de que “las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas”, lo que habría costado a la Caja “un incremento anual de más de ¢12.400 millones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas, es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio”.
Randall Zúñiga, director del OIJ, agregó que el Departamento Financiero de la Caja rechazó las modificaciones hechas por la Junta Directiva al concurso, “alegando que lo usual es reconocer un incremento anual del 2% al 3% debido a la inflación; sin embargo, el nuevo contrato incrementó los montos en un 33%, en comparación con el contrato original del 2021″.
Las autoridades judiciales presumen que miembros de esa Junta Directiva sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida.
También, se indaga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado. La Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años, pero este se confirió por 10 años, indicó la FAPTA.
Las áreas de salud adjudicadas el pasado 6 de julio son las Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.
En este momento, los equipos de fiscales y policías trabajan en el registro de los inmuebles allanados, para localizar prueba que puedan incorporar al expediente bajo investigación 24-000267-1218-PE. La Junta Directiva investigada es la que ejerció entre febrero del 2023 y julio del 2024.
Ingreso de oficiales a sede central de la CCSS
A las 6:54 a. m., decenas de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ingresaron al edificio de la CCSS para realizar uno de los 28 allanamientos simultáneos relativos a la adjudicación de licitaciones a cooperativas de salud.
Dos agentes y una camioneta del OIJ custodiaron la entrada del edificio desde las 6:20 a. m. y, media hora, después ingresaron para ejecutar el decomiso de información.
Aproximadamente a las 7 a. m., se permitió el ingreso de los empleados de la Caja, y 15 minutos después entraron los primeros usuarios.
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