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El Ministerio Público desmintó, este martes, a la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, quien aseguró que la Fiscalía investiga por prevaricato a los jerarcas, directivos y exdirectivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que fueron detenidos el pasado lunes.
El día de las detenciones, la ministra difundió a las 2:18 p. m. un video en el que calificó de abuso y amenaza la acción judicial relacionada con un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en contratos otorgados a cooperativas para que administraran 138 Ebáis por 10 años.
En su mensaje, Fernández cuestionó: “¿Cómo es posible que la Fiscalía argumente que hay prevaricato si la adjudicación ni está en firme? ¿Cómo podría haber prevaricato si ningún Tribunal Contencioso Administrativo ha declarado algún acto ilegal en lo decidido por la Junta Directiva de la Caja?”.
Consultado por La Nación, el Ministerio Público precisó que, tal y como lo informó el lunes el fiscal general, Carlo Díaz, los delitos investigados en el expediente 24-000267-1218-PE son influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
“En las indagatorias realizadas entre la tarde y noche de ayer (lunes), a los imputados se les atribuyeron cargos únicamente por esos dos delitos”, agregó.
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¿Qué es prevaricato?
El prevaricato se produce cuando un funcionario público dicta resoluciones contrarias a la ley o las funda a partir de hechos falsos. Según el artículo 357 del Código Penal, esta práctica conlleva una pena de dos a seis años de cárcel.
¿Qué son tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública?
Los delitos que la Fiscalía investiga en relación con los contratos otorgados a las cooperativas están establecidos en Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Sobre el tráfico de influencias, el artículo 52 impone de dos a cinco años de prisión a quien directamente, o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere un beneficio económico o ventaja indebidos para sí o para otro, directa o indirectamente.
La pena también se extiende a quien utilice u ofrezca la influencia a otras personas.
La condena se eleva en un tercio si el delito lo cometen altos funcionarios públicos, como el presidente de la República y los demás miembros de los supremos poderes, así como el contralor general, el procurador general, el fiscal general o el defensor de los Habitantes.
Este diario envió una consulta a la oficina de Prensa de Casa Presidencial, para conocer por qué la ministra mencionó el prevaricato en su mensaje.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también informó, en la mañana del lunes, de que uno de los delitos investigados era el prevaricato.
La Nación mencionó el prevaricato en el momento en que la ministra de la Presidencia lo señaló. Incluso, lo citó en la portada y en una nota publicada en la página 3 de la edición impresa del martes 24 de setiembre.
El caso de la CCSS
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) efectuó, el pasado lunes, 28 allanamientos y detuvo a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel; la gerenta general interina, María de los Ángeles Gutiérrez; cuatro directivos y dos exdirectivos a partir de las siguientes premisas:
- Los contratos adjudicados a cooperativas tendrían un sobreprecio de ¢12.400 millones anuales.
- Los miembros de la Junta Directiva de la CCSS habrían sostenido reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida.
- Los contratos tienen plazos de 10 años aunque la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años, según la Fiscalía.
- La Junta Directiva de la Caja se habría arrogado el conocimiento de un concurso público para la administración de los Ebáis.
- Se presume que los miembros de la Junta Directiva anularon el procedimiento de compra que estaba listo e instruyeron uno nuevo en el cual, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
- El Departamento Financiero de la Caja rechazó las modificaciones hechas por la Junta Directiva al concurso, “alegando que lo usual es reconocer un incremento anual del 2% al 3% debido a la inflación; sin embargo, el nuevo contrato incrementó los montos en un 33%, en comparación con el contrato original del 2021″, dijo el director del OIJ, Randall Zúñiga.
- La investigación obedece a una denuncia presentada por la Auditoría Interna de la CCSS.
